Organizaciones de la sociedad civil presentaron el proyecto Observación de la Conformación y Toma de Decisiones de las Autoridades Electorales
Administrativas y Jurisdiccionales ¿Quién es quién y qué se decide en la Institucionalidad Pública Electoral?, que analiza la conformación de autoridades administrativas y jurisdiccionales para los comicios del 1 de julio.
El proyecto es parte de los 29 seleccionados, entre 174, por el Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2018 (FAOE), y pretende conocer qué tan imparcial es la selección y la composición de las autoridades electorales.
En entrevista con Notimex, la directora del proyecto, Ivet Pérez, explicó que se trata de conocer la autonomía de los integrantes de los órganos electorales para saber si sus decisiones están apegadas a derecho.
Ello se realiza a partir de una metodología diseñada por la organización civil, y toma como base cuestionamientos referentes a si la integración de los consejos locales y distritales es ciudadana, así como si las autoridades electorales, cuando toman decisiones, actúan de acuerdo con principios constitucionales.
También si la creación de leyes para el desarrollo de elecciones confiables ha sido efectiva, además de conocer si los recursos asignados al desarrollo del proceso electoral fueron utilizados bajo principios de eficiencia, eficacia y transparencia.
Para lograrlo, se seleccionaron las autoridades administrativas y jurisdiccionales a observar del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; además del Instituto Electoral de la Ciudad de México y su tribunal; al Instituto Morelense de Procesos Electorales en Participación Ciudadana, así como de su tribunal.
Se elaboraron los perfiles de los integrantes de dichos institutos y tribunales, al considerar su preparación académica y laboral, su experiencia y la manera en la que fueron propuestos y electos; además, si estaban vinculados con algún partido político o empresas, lo que podría derivar en favorecer a alguien.
En dichos perfiles se consideró además a los miembros de los consejos locales, distritales y de los organismos públicos locales, debido a que se tiene la tesis de que “la ciudadanización que tanto costó al país se ha ido quitando de manera silenciosa”.
Ejemplifica que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales había un candado referente a que para ser miembro del Consejo General no se puede haber pertenecido al Servicio Profesional Electoral, sin embargo, una vez que la autoridad electoral federal elige a los organismos públicos locales, a los consejos locales y éstos a su vez a los consejos distritales, ese candado ya no viene y se les piden conocimientos en materia electoral.
“Pensamos que esos espacios ciudadanos son cooptados por personas que han estado en esa misma burocracia electoral”, explicó.
El proyecto considera siete temas para los que se harán los análisis sobre las resoluciones y los acuerdos que toman dichas autoridades, los tópicos que se consideran son las candidaturas independientes, propaganda electoral y gubernamental.
Además de los referentes a la compra y coacción del voto, así como uso indebido de programas sociales, sustitución de candidatos, lineamientos para la planeación y desarrollo de los conteos distritales, conteo rápido y Programa de Resultados Electorales Preliminares, entre otros.
Ivet Pérez añadió que también se diseñó una herramienta en la que se identifican y sistematizan los acuerdos, resoluciones y sentencias de las autoridades administrativas con los temas de los participantes en los debates, así como el marco jurídico de dichas resoluciones.
Detalló que hasta el momento se han revisado 500 documentos del Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales, y se tiene identificado que el tribunal ha impugnado 63 acuerdos de ese órgano, ha revocado 18 y ha confirmado 57 sentencias.
Entre algunos de los hallazgos, están la toma de decisiones diferenciadas y resoluciones tardías.
Dijo que también se aborda lo referente a las candidaturas independientes, la propaganda electoral y gubernamental con lagunas, que permiten la toma de decisiones sin apego a la norma.
La directora del proyecto añadió que, de manera paralela, también se analiza el tema de violencia en esas elecciones, no sólo la violencia política, sino la violencia general en el país y la percepción de niveles de miedo en la ciudadanía.
Agregó que el presupuesto para estos comicios se aumentó 23 por ciento, en comparación con la elección de 2012, “estamos pensando en que si votan los 53 millones de personas, el costo por voto sería de 329 pesos, cuando en 2012 fue de 284”.