Con el apoyo del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge propuso crear el Instituto Nacional de Seguridad Pública y establecer el
mando mixto policial.
El Instituto reglamentará, supervisará y evaluará el ejercicio de competencias y facultades en materia de seguridad pública y administración penitenciaria de los distintos órganos de los tres órdenes de gobierno y promoverá la generación de capacidades institucionales. Así mismo, gestionará el Servicio Nacional de Carrera Policial y promoverá la generación de capacidades institucionales, entre otras funciones, apuntó la legisladora de Acción Nacional.
El objetivo de la propuesta, subrayó, es reformar los artículos 21, 73, 76 y 123 Apartado C de la Constitución para establecer disposiciones que abonen a recuperar la seguridad en todo el territorio nacional, con policías más capacitadas, coordinadas entre sí.
“Queremos que haya policías capaces, honestos, bien pagados y comprometidos con su comunidad, que brinden seguridad y no se alíen a los criminales”, argumentó la senadora Cruz Blackledge.
La legisladora puntualizó que la reforma integra elementos que constituyen la postura del PAN sobre el tema y prevé que la seguridad pública comprenda la ejecución de las penas impuestas por las autoridades jurisdiccionales.
Faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan las bases de funcionamiento, organización y coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Carrera Policial. El Senado de la República nombrará a los consejeros del Instituto Nacional de Seguridad Pública.
El texto precisa que las actuaciones de las instituciones de seguridad pública se regirán por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; por la participación de los órdenes de gobierno federal en funciones de seguridad pública estatal o municipal, y estatal en funciones de seguridad pública municipal.
La propuesta prevé que el Instituto Nacional de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Administración Penitenciaria de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera.