El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, propuso que el Estado
mexicano solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional, con el régimen iberoamericano de derechos humanos.
En las Audiencias Públicas en materia de Guardia Nacional, convocadas por la Junta de Coordinación Política del Senado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) opinó que dicha consulta tendría que hacerse antes de que se apruebe la propuesta de reforma constitucional en la materia.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acude por tercera vez en los últimos tres meses ante una instancia del Poder Legislativo para exponer sus argumentos respecto del proyecto de reforma constitucional que busca replantear la organización, funciones y características de la Guardia Nacional”, recordó.
En la Mesa 1 de la audiencia, consideró que la propuesta de reforma representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que se enfrenta con una visión coyuntural y de corto plazo, y no incorpora elementos objetivos ni aporta evidencia que sustente el sentido de la misma.
González Pérez opinó que desde la perspectiva de los derechos humanos la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, y consideró que se trata de una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil, porque se le concede poder económico, se afianza su poder político y se le deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza.
Por ello propuso establecer un grupo o panel de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva y concreta, además de que aporten elementos para construir un esquema de seguridad pública en el que, reconociendo la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, prevea una ruta para corregir las deficiencias, así como para el desarrollo y fortalecimiento de las policías y civiles.
A su vez, José Antonio Guevara Domínguez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que encomendar la prevención de delitos a militares y marinos puede ser uno de los actos legislativos más desafiantes a la democracia y al Estado democrático de derecho porque se trata de una medida regresiva en materia de derechos humanos.
En su oportunidad, el sacerdote y activista Alejandro Solalinde, consideró que en regimenes anteriores no se ha tenido la capacidad de formar policías capaces, idóneos en derechos humanos y tampoco ha habido voluntad política.
El padre también hizo votos por escuchar a los expertos, victimas y diferentes sectores de la sociedad, y tomar en cuenta la realidad que se vive en México, donde se debe enfrentar el crimen organizado y entre todos encontrar el camino.