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El fuego de armas pesadas estremeció varios barrios durante horas y dejó vehículos perforados y quemados dispersos por esta ciudad de la frontera con Estados Unidos. En las redes sociales se informó de decenas de muertos. Hubo al menos 12 corroborados por testigos.
Pero horas de intensas batallas en Reynosa el 10 de marzo generaron apenas dos muertos, según la cuenta oficial.


Los empleados de las funerarias insisten en que la cifra real es de mayor de 35, probablemente más de 50. Pero cuando se les pregunta dónde están esos cadáveres, esquivan la mirada y cambian de posición en sus asientos.
Los miembros de los carteles, señalan, están llevándose los cadáveres y enterrándolos.
“Físicamente, no hay cuerpos”, declaró Ramón Martínez, director de Funerales San José, en Reynosa, quien calcula que en total hubo entre 40 y 50.
“Está muy delicado”.
Si lo que ocurre en Reynosa es un ejemplo, ni siquiera el gobierno sabe cuánta gente está muriendo en episodios relacionados con la violencia del narcotráfico. El gobierno de Felipe Calderón dejó de llevar la cuenta en septiembre del 2011. Desde que su sucesor Enrique Peña Nieto asumió el 1ro de diciembre del 2012, el gobierno ha suministrado estadísticas mensuales y ha dicho que las matanzas de enero fueron ligeramente inferiores a las del mismo mes en el 2012, y que el total de muertos de febrero fue el más bajo en 40 meses, sin dar cifras para los otros 39 meses.
Mientras tanto, circulan informes de numerosas balaceras en todo el país, desde pueblos aislados del estado de Sinaloa, en el oeste, hasta ciudades grandes del estado fronterizo de Coahuila o en el estado de México, en el centro del país, con decenas de supuestos muertos, según la prensa y las redes sociales. Pero no hay información oficial de esos episodios. El diario Reforma lleva su propia cuenta, según la cual hubo más muertes en los primeros 100 días del gobierno de Peña Nieto que en los primeros 100 de Calderón, quien libró una feroz guerra contra el crimen organizado en sus seis años de gobierno.
En Reynosa, la guerra por territorios generó al menos cuatro tiroteos grandes este mes, consecuencia de una división en el Cartel del Golfo motivada por la detención o muerte de varios de sus líderes. La captura del capo del Golfo Jorge Eduardo Costilla Sánchez en septiembre del año pasado, en particular, dejó un vacío de poder y dio lugar a una intensa guerra en una región del noreste, fronteriza con Texas, conocida por sus horrendos hechos de violencia.
Michael Villarreal, conocido como “Gringo Mike”, la emprendió contra el hombre elegido por el “Pelón” Mario Ramírez Treviño para dirigir las operaciones del Cartel del Golfo en Reynosa, de acuerdo con un agente estadounidense que conoce la situación.
El capo local oyó que Villarreal venía por él y, con apoyo de Ramírez, lo estaba esperando.
“Fueron por él y recibieron una paliza”, expresó el agente, que no estaba autorizado a hablar públicamente y no tenía una cuenta independiente de los muertos en la batalla.
Las autoridades estatales dicen que “civiles armados” se internaron en esta ciudad vecina a McAllen, Texas, bloqueando calles y matando a dos personas inocentes. El día después de la batalla, un portavoz de la base local del ejército dijo que se había tratado de un enfrentamiento entre “delincuentes”, término usado generalmente para aludir a pistoleros de los carteles. Aseguró que no tenía más información.
“Es ilógico”, expresó el director de una casa funeraria, que pidió no ser identificado por razones de seguridad.
“La gente de aquí está de acuerdo en que habían fallecido más que 50”.
Después de todo, la batalla duró horas en una ciudad densamente poblada y no se limitó a un sitio específico. El gobierno dijo que confiscó 22 vehículos una vez concluida la balacera. Como de costumbre, la prensa local no reportó el incidente y los residentes de la ciudad dependieron de Twitter y otros medios informativos de la web, donde a menudo se exageran los detalles.
El director de la funeraria dijo que su compañía acostumbraba a recoger los cadáveres de víctimas de tiroteos y llevarlos a la morgue de la ciudad. Pero dejó de hacerlo hace un año y medio, cuando los gerentes comenzaron a resistirse y abrió otra funeraria que se dedicó a esa actividad. Dijo que no siguieron porque a menudo no cobraban por sus servicios, añadiendo que “aquí vivimos con miedo”.
Su empresa sigue transportando cadáveres a la morgue, “pero no este tipo de gente” que murió en tiroteos, señaló.
Un hombre que limpiaba una camioneta de la oficina forense bajo la mirada de soldados no respondió a preguntas acerca de la cantidad de muertos y dijo que se contactase a un supervisor. El supervisor le pasó la pelota a otra oficina más alta, donde un investigador de la procuraduría general del estado revisó dos carpetas y dijo: “Oficialmente, solo estos dos”.
Se refería a un chofer de taxi de 37 años que había recibido un balazo y un niño de ocho años muerto en el auto de su padre frente a un negocio. El padre recibió un balazo en el cuello, pero sobrevivió.
Un empleado de otra funeraria, que también prefirió no dar su nombre por cuestiones de seguridad, dijo que antes iban a las escenas de tiroteos para transportar cadáveres a la morque, pero que ahora no se molestan, porque ya se llevaron otros los cadáveres o los tienen las autoridades.
“La gente dice que había muchos (cadáveres), pero ¿dónde están?”, manifestó.
Sus competidores sostienen que Martínez, de Funerales San José, sabe la respuesta. Usando uniformes y vehículos sin identificación, sus empleados recogen los cuerpos antes que nadie, aseguran.
Un competidor dijo inicialmente que no sabía dónde quedaba la funeraria.
Luego admitió que sí lo sabía, pero tenía miedo de pasar el dato.
Funerales San José se encuentra en un edificio blanco en un pequeño lote de un barrio residencial, cerca de escuelas y de un supermercado. Es una operación sencilla, pequeña.

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