*Incentivos con inconsistencias legales, alerta la ASF *Destaca gastos en Estela de Luz y las fallas en la verificación y sorteos en la Secretaría de Gobernación.
Angel Iturralde
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que la corrupción y la impunidad en el país no se acabaron sólo con la fiscalización del gasto público y ni se podrá castigar individualmente a los responsables del desvío de recursos porque existe en México “un sistema de incentivos creados por inconsistencias legales y problemas estructurales, que propician la reincidencia en las irregularidades”.
Luego de evaluar la realidad del gasto público del gobierno federal durante el 2011, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, José Luis Muñoz Soria; así como el auditor superior, Juan Manuel Portal, reiteraron que es indispensable para el país avance en una reforma fiscal integral que incluya la revisión a los subsidios a gasolinas y energía eléctrica, que implicaron al gasto un impacto de 280 mil millones de pesos.
Dentro de esta revisión destacan los gastos en la Estela de Luz, la opacidad en las subvenciones que se entregan a los diputados federales, los retrasos en la profesionalización de cuerpos policíacos y prevención del delito; así como las fallas cometidas en la verificación de juegos y sorteos en la Secretaría de Gobernación.
En ese marco, el Auditor Superior, Juan Manuel Portal, recomendó reducir la dependencia de los ingresos petroleros, sujetos a las variaciones del mercado internacional y verificar si ese subsidio ha sido adecuado o requiere ajustes.
También se pronunció a favor de contar con un sistema de evaluación para los maestros, a fin de elevar sus niveles de competencia y corregir los rezagos en el sector educativo; ello, en medio del conflicto magisterial por la reforma educativa.
Lo anterior, en la antesala de la presentación de la propuesta de reforma hacendaria que hará el Ejecutivo Federal al Congreso, y que se analizará a partir de septiembre próximo.
Anomalías en Estela de Luz
Expertos de la Auditoría Superior y la Unidad de Evaluación y Control (UEC), recalcaron que las principales anomalías en el gasto se cometieron en torno a la Estela de Luz, la revisión fallida de la Secretaría de Gobernación a casas de juegos y sorteos y los malos resultados en educación, entre otros.
Recordaron que del total de acciones de la Auditoría, 134 derivaron en denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR); de las cuales, alrededor de 70 ya se presentaron y el resto está en proceso de integración.
El titular de la Unidad de Evaluación, Alejandro Romero Gudiño, destacó que en comparación con otros años, las irregularidades en el ejercicio del gasto en 2011 fueron más y más graves que revisiones anteriores, puesto que se interpusieron 134 denuncias de hechos, mientras que en 2010 esa cifra fue de 98.
Agregó que del total de pliegos de observaciones subieron de 342 en 2004 a mil 633 en 2011; en tanto que las promociones administrativas sancionadoras, también se incrementaron hasta llegar a mil 202.
Reconoció que frente a la sociedad, la impresión es que el número de sanciones, comparadas a las anomalías, son muy pocas, puesto de que cada 100 promociones sancionatorias turnadas a órganos de control, sólo en 27 casos hubo una resolución. Y de esas 27 promociones, sólo 4 terminaron en sanción, pero en su gran mayoría administrativa.
Recordó que el informe da cuenta de 9 mil 865 acciones preventivas y correctivas; y la probable recuperación de 40 mil 787 millones de pesos, pero aún falta conocer el nivel de solventación de observaciones, que en promedio alcanza el 61 por ciento.
Sobre los grupos analizados, de gobierno, Hacienda y desarrollo social, indicó que acumulan más del 20 por ciento de las mil 111 auditorías realizadas en total.
Destacó las revisiones "horizontales" a renglones de gasto que más anomalías presentaron, como evaluación a políticas públicas de deuda, liquidación de instituciones, combate a la corrupción, atención a pueblos indígenas, educación básica y educación superior.
También hizo énfasis en las anomalías y falta de transparencia en el reparto en las subvenciones que se entregan a los legisladores en la Cámara de Diputados; y en el crecimiento de la deuda pública a nivel federal, que aumentó aceleradamente al pasar de 2.3 a 5.1 billones de pesos entre 2006 y 2011.
Sobre la deuda subnacional, alertó que 13 entidades acumulan más del 81 por ciento del total de los compromisos financieros.
Subejercicios en Conaculta e ISSSTE
El titular de la UEC remarcó que los principales problemas en ese capítulo, se centra en la permanencia de subejercicios no subsanados, discrecionalidad en transferencias y adecuaciones de recursos, insuficiencia de ingresos tributarios para financiar gasto público, la baja recuperación de créditos fiscales, opacidad en subsidios a energía eléctrica y estimación del costo total de la reforma a las pensiones del ISSSTE, equivalente al 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto.
En el rubro de desarrollo social, Romero Gudiño enfatizó que el gasto público fue de 1.6 billones de pesos en ese grupo funcional.
Pese a la fuerte inyección de recursos, se detectaron un “sinnúmero” de irregularidades en el sector en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Instituto Nacional de Cancerología, la Universidad de Chapingo y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, entre otras instituciones.
En educación, la inversión pública fue insuficiente, con apenas un 5.3 por ciento del PIB, cuando la ley marca el 8 por ciento. El caso fue el mismo para ciencia y tecnología, donde el gasto fue de 0.46, cuando debería ser del 1 por ciento.
Asimismo, se detectó baja cobertura en educación superior, un rezago de tres años con respecto a la OCDE, los malos resultados en la prueba internacional PISA, pagos indebidos en la Estela de Luz, la “pobre” cobertura en atención al cáncer de mama, los malos resultados en el combate al cáncer de mama y cáncer cervicouterino, relató.
En tanto, el auditor Portal Martínez subrayó que pese a la percepción en la opinión pública, respecto a que la Auditoría Superior opera con criterios políticos, aseveró que sus directrices son estrictamente técnicas.
Lamentó que persista la visión de que las observaciones y revisiones del organismo auditor no culminen en sanciones y por lo tanto, no son efectivas.
Deudas estatales
Aclaró que sobre la deuda de los estados, la Auditoría Superior no tiene facultades para revisar las cuentas, pues ello compete a los entes locales. Sin embargo, advirtió que entre 2006 y 2011, se incrementó del 48 al 79 por ciento como promoción de las participaciones
Añadió que en el “grupo funcional de Gobierno”, el monto de lo recuperado, tras la realización de observaciones y recomendaciones, fue de 145 millones de pesos; en tanto que están en vía de justificarse y recuperarse otros 2 mil 802 millones de pesos.
Expresó su postura a favor de establecer un presupuesto basado en resultados y un sistema de evaluación de desempeño, para mejorar la gestión gubernamental.
Señaló que se debe mejorar el funcionamiento institucional y la coordinación hacendaria entre poderes, que todos los programas de gobierno tengan indicadores conforme a resultados, orientar el presupuesto al logro por resultados y rendir cuentas sobre el cumplimiento de metas.
Entre los resultados más notables por su carga en la opinión pública, dijo, están la revisión de los gastos en la Estela de Luz, la opacidad en las subvenciones que se entregan a los diputados federales, los retrasos en la profesionalización de cuerpos policíacos y prevención del delito; así como las fallas cometidas en la verificación de juegos y sorteos en la Secretaría de Gobernación.
En el grupo funcional de desarrollo social, el auditor superior recordó que se hicieron 815 observaciones, que dieron lugar a mil 396 acciones, entre las que figuran 13 denuncias de hechos y 4 multas. En ese renglón, se recuperaron 18 millones de pesos, pero faltan por aclarar o recuperar otros “probables” 3 mil 895 millones de pesos.
En materia de salud, pidió depurar el padrón de beneficiarios del Seguro Popular, puesto que esa herramienta no ha llegado a 7 millones de personas que no cuenta con servicios de salud; mientras que más de 5 millones de usuarios están registrados en otras instituciones; aunado a que, la Secretaría de Salud no ha certificado si los centros donde aplica el Seguro Popular, cuentan con el equipamiento, infraestructura y condiciones adecuadas de operación.
También subrayó el incumplimiento en las metas de combate a la pobreza, y sugirió cambiar tanto el enfoque asistencialista, como la duplicidad de funciones entre dependencias; ajuste a los mecanismos de distribución de recursos y fortalecer los instrumentos de control para evitar el mal uso del erario.