La guerra de denuncias esta al orden del día, y lejos de perjudicar a los funcionarios o funcionarias, los hacen más poderosos, porque en la procuraduría local y federal, no les dan seguimiento. Todo queda en el tintero.
En lo que va del sexenio, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha levantado denuncias penales contra cientos de personas, de las que la mayor parte son funcionarios públicos y pocos son empresarios o particulares.
Entre las denuncias que más escándalo ha tomado están las del PRD, que ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra la titular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, por los delitos de peculado, abuso de autoridad, coalición de funcionarios y uso indebido de atribuciones y facultades.
La denuncia fue presentada por Jesús Zambrano y Alejandro Sánchez Camacho, presidente y diputado del PRD respectivamente; y cuya invitación se extendió al presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, se detallan los actos en que incurrieron funcionarios de Oportunidades y Liconsa, así como miembros del gobierno de Veracruz con el uso electoral de los programas a su cargo.
Se detalla que es una constante en todos estos hechos, la actuación de los servidores públicos de la SEDESO, cuyo desempeño lo ejecutan en virtud del nombramiento expedido por la titular, Rosario Robles Berlanga, quien es la responsable de la ejecución de los programas que integran la Cruzada Nacional contra el Hambre, con la finalidad de promover la imagen de su propia persona, de su superior jerárquico o de un tercero.
PRI-DF contra Nora Arias
Ahora, ante la misma PGR, fue denunciada penalmente la Jefa delegacional en Gustavo A. Madero, Nora Arias, por el delito de peculado, y al diputado local Alberto Martínez Urincho por privación ilegal de la libertad, en el marco del mal uso de los programas sociales en la Ciudad de México.
El diputado del PRI, Fernando Mercado Guaida junto con el Coordinador Jurídico Mario Becerril y el Vocero del Comité Directivo del PRI-DF, Rafael Luviano, presentaron la denuncia penal.
“Hacemos un llamado a la congruencia porque mientras el discurso que ha manejado el PRD en la ciudad en contra del gobierno federal consiste en presuntas e infundadas denuncias sobre el uso político de los programas sociales, nosotros estamos presentando pruebas contundentes de cómo lo hace”, señaló el diputado del PRI Fernando Mercado Guaida.
El Coordinador Jurídico del Comité Directivo del PRI-DF, Mario Becerril, explicó que la denuncia hecha contra la jefa delegacional Nora Arias, detalla que en la calle Volcán Santa María No. 18, de la colonia Ampliación Providencia, Cuitláhuac Guzmán y María de Lourdes Sánchez, operadores políticos que cobran en la delegación, el 6 de mayo trasladaron a ese lugar a los beneficiaros del Programa 65 y más en vehículos con propaganda alusiva a la jefa delegacional para entregarles las tarjetas, aludiendo que dicho beneficio lo habían obtenido gracias a la intervención de Nora Arias y del PRD.
Además en ese domicilio se recolectan documentos a nombre del PRD y de Nora Arias, para condicionar el otorgamiento de programas federales a cambio de su afiliación partidista. “Todas estas acciones violan el Código Penal Federal y corresponden al delito de peculado”, sentenció el diputado local Fernando Mercado.
En la denuncia contra el diputado Alberto Martínez Urincho, explicó Mario Becerril, se expone que el día tres de mayor mientras un grupo de trabajadores de la SEDESO, recolectaba documentación para el Programa Oportunidades en un centro ejidal de la colonia Cuautepec, arribó el diputado local a la cabeza de un grupo de aproximadamente 150 personas quienes amenazaron y privaron de su libertad a los funcionarios por más de una hora.
“Esto demuestra de manera contundente que el PRD utiliza los programas sociales locales y federales para condicionar su entrega a cambio de la afiliación a su partido y nos deja ver su incongruencia respecto a las acusaciones que han lanzado en contra del gobierno federal”, apuntó Fernando Mercado.
Llueve también para Mauricio Toledo
Así mismo, diputados del PAN, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), denunciaron un presunto soborno que involucra a autoridades de la delegación Coyoacán y al empresario Manuel Dacosta.
La diputada local Priscila Vera presentó la denuncia de hechos, por el delito de cohecho, en contra de Eduardo Ramírez Vallejo, ex secretario particular del jefe delegacional en Coyoacán, Mauricio Toledo.
En el oficio, que también suscribe el diputado Edgar Borja, se señalan presuntos actos de corrupción que involucran a Toledo y el empresario Manuel Dacosta, quien en días pasados hizo pública una presunta extorsión cometida por la delegación Coyoacán en su contra.
Contrario a las declaraciones que hizo Eduardo Ramírez el 21 de abril pasado, en las que deslindaba de cualquier responsabilidad al jefe delegacional, en la denuncia que se presentó se señala que este último efectivamente solicitó dinero a Dacosta para abrir una gasolinera.
Según explica el oficio que se entregó a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, el ex secretario particular de Toledo fungió como intermediario entre el empresario y el delegado para cerrar un acuerdo.
“Que con todo gusto le abre (la gasolinera) pero quiere (Toledo) el 25 por ciento del negocio, y que además le quiere comprar, que cuánto le podemos ofrecer por comprarle la gasolina para los vehículos de Coyoacán, y qué porcentaje le puede ofrecer”, cita la denuncia.
Dacosta presuntamente se negó a aceptar las condiciones ofertadas a través de Eduardo Ramírez, lo que derivó en otras dos propuestas en las que Toledo terminó solicitando al empresario tres millones de pesos.
Por estos hechos, Dacosta informó el 20 de abril que interpondría una denuncia en contra de los funcionarios involucrados, sin embargo, tres días después se desistió de ejercer acción penal.
Vera consideró que el desistimiento por parte de Dacosta responde a negociaciones que llevó a cabo con el delegado de Coyoacán para abrir la gasolinera.