México es la principal ruta de tránsito de migrantes en su camino hacia cumplir el "sueño americano" en la frontera norte. Cerca de 400 mil personas el año pasado emprendieron el rumbo a Estados Unidos con el fin de conseguir mejores condiciones económicas para ellos y sus familias.
En esos recorridos, los migrantes terminan siendo víctimas de secuestro, abusos sexuales, de trata de personas, de tortura, explotación infantil, maltrato y discriminación; los autores de de estos abusos y crímenes, son narcotraficantes, bandas dedicadas al secuestro, policías, funcionarios y autoridades, aseguró la senadora Mariana Gómez del Campo.
Ante este panorama, la legisladora, presentará ante la Comisión Permanente del Congreso, un Punto de Acuerdo en el que se exhorta en tres apartados al Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, para la creación de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de Migrantes; asimismo se establezca la participación de académicos y expertos en la materia, y finalmente se lleve a cabo un esquema de difusión hacia los migrantes en atención de sus denuncias y se capacite al personal que labore en dicha fiscalía.
A este Punto de Acuerdo dijo, se suman los senadores Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios y el perredista Zoé Robledo Aburto.
Gómez del Campo, señaló que "el migrante, para muchos delincuentes, dejó de ser una persona para convertirse en una mercancía que vale por el dinero que lleva consigo o que pueda pagar su familia aunque no tengan prácticamente nada". De esta forma, dijo que "para alcanzar el sueño americano, tienen que pasar por la pesadilla mexicana".
Durante su intervención la Senadora Layda Sansores San Román aseguró que en México se lleva a cabo una "política de exterminio" por lo que el Instituto Nacional de Migración (INM) debe de desaparecer por ser una dependencia "podrida, corrupta e ineficaz y que yo creo, que cuando una institución está podrida, para lo único que sirve es para abono; para abonar una nueva institución".
Refirió que hay más de 40 mil migrantes desaparecidos y sólo 12 ministerios públicos para atender estas desapariciones; por las circunstancias, las familias lo desconocen y esto obliga a cambiar sus protocolos.
El Quinto Visitador de la CNDH, Fernando Batista, señaló que de las denuncias recibidas, el 8.9 por ciento de las víctimas acusó a alguna autoridad o funcionario coludido en los hechos de corrupción y abuso hacia ellos.
Asimismo acompañaron a las senadoras, Armando Vilchis, miembro de la Casa "Hermanos en el Camino" encabezada por el padre Solalinde, quién refirió que el refugio no recibe apoyo del gobierno federal y los gastos van desde seis mil pesos diarios en tres comidas y otros artículos de necesidad básica a los migrantes que llegan todos los días; estos llegan a sumar de 700 hasta más de mil en un sólo tren.
Alejandro Ordoñéz, migrante nicaragüense, relató las vivencias de su paso por México en el que durante ocho días fue secuestrado y, en otra ocasión, fue golpeado por policías municipales. Ante esto presentó denuncia en la CNDH y la respuesta de esta instancia -dijo- fue repatriarlo. Aseguró que la mira del migrante centroamericano, no es México, sino Estados Unidos, para encontrar mejores oportunidades para sus familias.
En el 2006, la cifra de migrantes atendidos pasó de 109 mil a 150 mil personas en 2011, esto representó un incremento de 150 por ciento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en febrero de 2011 emitió un informe sobre secuestro de migrantes en el que señala que de abril a septiembre de 2010, se presentaron 214 secuestros con 11 mil 333 víctimas.
De la cifra anterior, el 44 por ciento fueron migrantes hondureños; 16 por ciento de El Salvador; 11 por ciento guatemaltecos; 10 por ciento de mexicanos; cinco y cuatro por ciento de Cuba y Nicaragua respectivamente; uno por ciento de Colombia y 0.5 por ciento ecuatorianos.
Del total de estas experiencias, el 15 por ciento fueron hechos narrados por mujeres, las cuales seis de cada 10 sufren abusos sexuales; estos actos tienen mayor recurrencia en el sureste con 67 por ciento, 29 por ciento en el norte y dos por ciento en el centro de México.
Los estados en los que sobresalen actos de secuestro son Veracruz, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas y San Luis Potosí.