Es vergonzoso que las leyes fomenten el monopolio y vulneren la competencia, al tiempo que consideró injustificable que los medios públicos o comunitarios sean despreciados y maltratados.
Al participar en el Seminario Internacional: “Libertad de Expresión, Disidencia y Democracia”, José Woldenberg, catedrático de la UNAM, subrayó que en la apertura de los medios es un impulso de la pluralidad y especificó que el nuevo equilibrio de fuerzas políticas sería impensable sin medios abiertos a la diversidad.
Se trata, dijo, de una auténtica conquista social que hace realidad las disposiciones constitucionales.
Señaló que el problema de hoy no es tanto la libertad de expresión, toda vez que los grandes medios tienen un sesgo y sus filtros siguen ejerciendo un enorme poder en la agenda pública.
“Es alarmante que los poderes privados puedan más que los poderes públicos. Todo ello debe ser corregido por las leyes secundarias en la legislación en la materia”, dijo.
Comentó que el espacio público es en buena medida modulado por los grandes medios de comunicación, e indicó que no se trata solamente de un asunto de negocios, que es importante, ni de tecnologías sino de un tema que dependerá en buena medida de la calidad de nuestra convivencia social y de nuestra vida pública.
En su turno, Francisco Valdés Ugalde, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), aseveró que en la construcción de la democracia en relación con la libertad de expresión y la posibilidad de tomar decisiones instruidas acerca de la política, es necesario retomar la prelación del valor de lo público sobre lo privado.
Enfatizó que el público tiene derecho a tener medios públicos que permitan formar un pensamiento ilustrado, culto e instruido acerca de los temas del debate público.
Señaló que la libertad de expresión forma parte de un entramado de derechos humanos complejo y amplio, en el cual sin libertad de expresión no hay posibilidad de ejercer y hacer cumplir otros derechos.
Asimismo, se pronunció a favor de dar a México medios para salir de la condición de pobreza y “eso no sólo se ataca con recursos o a través de políticas públicas para el combate a la pobreza sino con la recuperación de la dignidad de cada individuo para pensar por sí mismo y ejercer libremente su expresión”.
Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, declaró que 46 por ciento de las agresiones a periodistas provienen de servidores públicos, en la mayoría de los casos, de autoridades locales.
“Hemos avanzado en el marco normativo, pero no en la materialización de esas hipótesis normativas, por lo que el gran reto es hacer efectiva la federalización en los casos graves de violación de derechos humanos a periodistas y la protección a personas defensoras de derechos humanos”, indicó.
Aseguró que en México no hay solidaridad en el gremio como ocurre en Colombia o Estados Unidos, porque cuando un periodista es asesinado, todos los medios salen a repudiar el hecho e investigan por qué el colega pudo haber perdido la vida.
La misma prensa tiene un papel fundamental para abatir la tendencia de agresiones en su contra, pero se requiere, sobre todo, el apoyo de las empresas.