La Cámara de Diputados informó la Comisión de Economía recibió una proposición para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revise el estado físico de los cilindros de gas licuado de petróleo (LP), y retire y destruya los que estén dañados o cuya vida útil ya concluyó, a fin de garantizar la seguridad de los consumidores.
Lo anterior en virtud de que la mayoría de los cilindros que las empresas distribuidoras de gas LP utilizan están oxidados, carecen de pintura de seguridad y tienen problemas en las llaves de paso; además, por la falta de capacitación los empleados cometen errores en su manejo.
Además de que 93 por ciento de las viviendas cuenta con gas LP, 66 por ciento en cilindros portátiles y el restante 34 por ciento en tanques estacionarios.
En un punto de acuerdo, la diputada Leonor Romero Sevilla (PAN) explicó que según la NOM-011-1-SEDG-1999, la vida útil de los recipientes portátiles para contener gas LP es de 12 años a partir de su fecha de fabricación. Las encargadas de llevar la valorización diaria de los recipientes son las empresas distribuidoras, conforme a su procedimiento interno.
Detalló que: “en el mercado actual, y aunque existe la normatividad para valorizar las condiciones de los recipientes portátiles, la práctica común de cambiarlos con cualquier distribuidor, y el llenado ilegal en lugares que no cuentan con autorización y monitoreo requerido, evita que los cilindros regresen con la empresa que los entregó en primer lugar”.
La diputada Romero Sevilla resaltó que esta situación provoca que sea muy difícil mantener control sobre sus condiciones estructurales y de seguridad de los tanques, así como tener vigilancia sobre la calidad y cantidad del producto con que son rellenados.
Sostuvo que esto es contraproducente, ya que incrementan los riesgos en el consumo de gas LP, promueve la competencia desigual e ilegal y crea desconfianza en las distribuidoras.
Además, dijo, se provoca un mercado de desarrolladores e instaladores no autorizados que basan sus conocimientos en experiencias personales, y en algunos casos realizan instalaciones que no cumplen con la normatividad aplicable, lo que aumenta las posibilidades de accidentes.
Refirió que el mal estado y el manejo inadecuado de los cilindros que venden las empresas distribuidoras de gas LP, provocó que del 1 de enero al 30 de julio se hayan registrado, solamente en el municipio de Toluca, Estado de México, un total de 152 explosiones.
De ahí que la Profeco revise el estado físico de los cilindros portátiles de gas LP que se distribuyen en el país, por medio de las empresas especializadas, así como retirar y destruir aquellos que estén dañados o cuya vida útil ya concluyó, subrayó la legisladora.