Debido a que se tiene conocimiento de que el personal médico de las clínicas rurales de las instituciones de salud pública obliga a las mujeres indígenas a que acuden a consulta a utilizar el dispositivo intrauterino (DIU) como método de control natal, bajo la amenaza de que si no aceptan usarlo pueden perder apoyos de programas gubernamentales, el personal involucrado podría ser destituido definitivamente de su cargos.
Para tal efecto, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez (PRD) solicitó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Salud hagan públicos los casos en que exista conocimiento de prácticas de esterilización forzada de indígenas en el país, a fin de que sean destituidos los delegados de la Secretaría de Desarrollo Social de las entidades federativas involucrados en estos casos, así como a todos los médicos y enfermeras implicados.
Lo anterior, porque la CNDH ya había documentado y realizado recomendaciones al respecto, pues el 16 de diciembre de 2001 emitió una relativa a las prácticas administrativas que constituyen violaciones a los derechos humanos de los miembros de las comunidades indígenas respecto de la obtención de consentimiento libre e informado para la adopción de métodos de planificación familiar.
Por tal motivo, y a través de un punto de acuerdo, la integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas planteó sancionar a todo personal involucrado en actos de esterilización forzada o mediante engaños contra hombres y mujeres indígenas.
Nolasco Ramírez refiere que el pasado 4 de agosto en Tlapa, Guerrero, “mujeres indígenas na savi, beneficiarias del entonces programa Oportunidades, fueron obligadas a recibir una inyección mensual de un anticonceptivo o, de lo contrario, se les retiraba el apoyo”.
“El gobierno reconoce que funcionarios federales y estatales han realizado esterilizaciones forzadas en comunidades indígenas, las cuales constituyen un delito particularmente grave, pues se asocia al genocidio”, denunció.
La diputada Yesenia Nolasco puntualizó que en las visitas del personal de la CNDH a las comunidades indígenas, tanto hombres como mujeres manifestaron que los servidores públicos de las clínicas rurales, estatales y federales, “pretenden imponerles métodos de planificación familiar sin su consentimiento y sin informarles, en su lengua, los beneficios, riesgos o posibles efectos secundarios”.
Resaltó que si bien es conocido que el proceso de esterilización forzosa o forzada se aplica en algunos países como parte de su política gubernamental, en México esa acción viola lo establecido en la Constitución y normas en materia de atención de salud.
Por ello, abundó la diputada, es necesario tomar medidas referentes a la esterilización forzada o mediante engaños, en perjuicio de mujeres y de hombres indígenas, y evitar que estos hechos se sigan suscitando.