Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que las medidas adoptadas por el Gobierno de México ante el problema de las desapariciones forzadas son “limitadas” y están lastradas por “demoras inexplicables”, y urgió a “impulsar medidas de persecución penal” en esos casos y aclarar la cifra de desaparecidos en el país.
“Se necesitan acciones mucho más enérgicas para hacer frente a esta crisis de derechos humanos”, dijo el director para América de HRW, José Miguel Vivanco, en una extensa carta dirigida al secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong.
Vivanco aseguró que, desde que el Gobierno de Enrique Peña Nieto “admitió la gravedad del problema” de las desapariciones forzadas en México, a comienzos de 2013, sus esfuerzos “se han visto eclipsados por demoras inexplicables y declaraciones públicas contradictorias, y las medidas adoptadas han tenido resultados muy limitados”.
El Gobierno mexicano confirmó en febrero de 2013 la existencia de una lista con los nombres de más de 27.523 personas no localizadas desde fines de 2006 y hasta noviembre de 2012, cuando finalizó la Administración de Felipe Calderón.
Según HRW, el Gobierno de México pasó “más de un año” sin actualizar esa lista “deficiente e incompleta”, y cuando lo hizo, fue “con una serie de anuncios contradictorios”.
El pasado mayo, Osorio Chong aseguró que la cifra de desaparecidos había bajado hasta los 8.000, pero en una conferencia de prensa poco después, él mismo “anunció que en México todavía se desconocía el paradero de 16.000 personas”; y en agosto el Gobierno apuntó que había 22.000 “personas no localizadas”, dijo Vivanco.
“No es posible tener certezas sobre la base de la información brindada por el Gobierno. Para empezar, la lista completa de casos no ha sido difundida”, sostuvo el responsable de HRW.
Por tanto, pidió “dar a conocer los nombres” de esas 22.000 personas y “asegurar que la definición de desaparición forzada contenida en los distintos códigos penales, tanto a nivel federal como en los estados, sea coherente en las diferentes jurisdicciones”.
Vivanco denunció además que “hasta abril de 2014, ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006″, en base a “estadísticas del Gobierno de México”.
Por tanto, consideró que “la prioridad principal” del Ejecutivo de Peña Nieto “debería ser impulsar medidas de persecución penal y justicia en casos de desaparición forzada” y, en concreto, “priorizar la investigación penal” de esos casos.
Vivanco también urgió a “acelerar la implementación en todo el país de la base de datos” creada en 2013 para ayudar a identificar a los desaparecidos, y juzgó “particularmente preocupante” que ese mecanismo no aclare por ahora “cuántos casos involucran a víctimas de presuntas desapariciones perpetradas por agentes estatales”.
Asimismo, lamentó que el Gobierno mexicano decidiera “recientemente reducir drásticamente el presupuesto” de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Instó a reglamentar la Ley General de Víctimas, “un paso que (el Gobierno) debería haber cumplido hace un año”; además de a “adoptar una estrategia clara de prevención del delito para frenar las desapariciones”, y “elaborar indicadores claros para medir el avance en la implementación” del Programa Nacional de Derechos Humanos.