El Pleno del Senado de la República declaró improcedente, en votación económica, la petición de desaparición de poderes en Guerrero, al considerar que no se reúnen los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 76 de la Constitución Política ni en sus leyes reglamentarias.
Después de la visita que realizaron los senadores Fernando Yunes Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN); Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Carlos Alberto Puentes Salas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la senadora Mónica Arriola, de Nueva Alianza (NA), se corroboró que el Poder Ejecutivo está en funciones, el gobernador en turno se encuentra en reuniones de trabajo con su gabinete y la federación.
El Senado está facultado para declarar la desaparición de poderes en una entidad federativa cuando los servidores estuvieran imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes de sus cargos, por situaciones o conflictos causados por ellos mismos que afecten la vida del estado, lo cual no se cumple en Guerrero, explicó el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Fayad Meneses.
Subrayó que se constató el trabajo del Poder Judicial, del Congreso del estado, y en el recorrido por el estado se pudo ver que los habitantes realizan sus actividades de forma cotidiana, que existe presencia de fuerzas de seguridad y acciones preventivas. Se mantiene una situación precaria, pero hay avances en la investigación de los hechos de violencia contra estudiantes normalistas, agregó el legislador.
La senadora Graciela Ortiz González, del PRI, afirmó que estamos ante un hecho “que nos muestra con crudeza que la desigualdad en el país sigue siendo el origen de nuestros problemas”; y ante la pérdida del Estado de derecho en una región del país.
Estamos, dijo, “en una condición tan delicada que exige y reclama de todos nosotros una gran responsabilidad republicana”, por lo que no puede ser motivo “para tener un aprovechamiento del tipo político o electoral”.
El senador del PAN, Javier Corral indicó que no sólo se trata de verificar que los funcionarios y servidores públicos se encuentren “en sus despachos”, sino que realicen el desempeño de las funciones como lo señala la Constitución y que sirven al interés público. El Senado debe corroborar que realmente estén funcionando y no dejar sin materia la solicitud.
Aseguró que la violencia no sólo se ha registrado en Guerrero, sino en entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán; la ola de violencia en el país es un tema de responsabilidad federal. Hay incompetencias y complicidades criminales en varias dependencias de la federación, agregó.
El senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, afirmó que los senadores de la República están llamando a resolver los problemas de pobreza y hambre que enfrenta la población, para que de esta forma empiece a amainar la violencia desatada en el país.
La pluralidad que le dio el pueblo al Senado debe convertirse en soluciones plausibles para el pueblo, es en esto en lo que se debe reflexionar, y consideró que “los mártires de Ayotzinapa, no pueden ser mártires inútiles”.
La senadora Dolores Padierna Luna consideró que la muerte de seis jóvenes y la desaparición de otros 43 se pudieron evitar, pero los gobiernos federal y estatal “no atendieron las señalas de alarma que su propias cifras les daban”.
“La impunidad”, dijo, “fue el preámbulo de la barbarie en Iguala. Estamos frente al fracaso de un modelo que ha sometido al país al poder de los criminales” y también frente al terrible costo de la decisión de continuar la guerra contra el narcotráfico de la administración anterior.
La senadora Layda Sansores, del Partido del Trabajo, hizo un llamado para que no se desvíe la atención del tema central, que es el esclarecimiento de la desaparición y localización de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", y agregó que la crisis actual es el recordatorio implacable de que la pobreza extrema es origen de la inseguridad y violencia que se ha instalado en todo el país.
Iguala, enfatizó, no es un asunto local, como han querido reducirlo. En esta violencia también hay responsabilidad de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en suma, de todo el gabinete de seguridad, incluido el Ejército, que conoce a milímetro el estado de Guerrero y sabe qué pasa en tiempo real. “¿Para qué 130 mil millones de pesos al combate a la inseguridad?”, cuestionó.