La Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, denunció que no sólo se violaron los protocolos internacionales en casos de desaparición forzada, donde es vital la actuación de la autoridad en las primeras 72 horas, sino que hubo irregularidades graves en las
investigaciones, tanto en el fuero estatal como federal.
Al respecto, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la comisión especial, denunció que fue un crimen de Estado porque la privación de la libertad de las víctimas fue hecha por policías municipales y se ha negado el paradero de los jóvenes.
Adelantó que habrá nuevas reuniones de trabajo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; con la Comisión Nacional de Seguridad Pública, el gobernador interino y el fiscal general de Justicia de Guerrero; con el grupo de trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y con el equipo argentino antropólogo forense.
Advirtió que todo esto no excluye la sanción por omisión de los responsables jerárquicos ni de todos aquellos que hicieron caso omiso de su responsabilidad para proteger a los estudiantes cuando tuvieron noticias de los hechos que sucedían en Iguala, “Incluso, de preverlos, conociendo los antecedentes criminales del ex alcalde y de sus familiares”.
Resaltó que la captura del ex presidente municipal de Iguala y de su esposa, señalados como responsables de los hechos, podrían permitir nuevos datos para que las autoridades localicen a los desaparecidos y que ejerzan acción penal en contra de los responsables y sus cómplices, aún si estos se encuentran enquistados en el gobierno.
Por su parte, el diputado por el Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorve Baños, consideró que es indispensable la verdad para encontrar los mejores caminos que lleven a recuperar la tranquilidad, la paz, la concordia y la gobernabilidad en Guerrero, sin olvidar que lo prioritario es que se conozca el paradero de los 43 jóvenes normalistas.
Consideró que la detención del ex presidente municipal y su esposa, es apenas el inicio para aplicar la ley, “tope hasta donde tope. No puede haber indiferencia y mucho menos impunidad”. Asimismo, pidió continuar las investigaciones por encima de banderas ideológicas, sin repartir culpas, hacer exculpaciones adelantadas o enjuiciamientos que no corresponden.
Por su parte, José Alfredo Botello Montes (Partido Acción Nacional) dijo que casos como este no tienen cabida en un régimen democrático y de derecho como pretendía ser el nuestro. Los datos arrojados, dijo, confirman cosas lamentables: policías coludidos con el crimen organizado y autoridades corruptas.
Por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero consideró que los casos de Tlatlaya y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, exponen la grave situación de corrupción, impunidad y violencia que azota al país.
Ruth Zavaleta Salgado (Partido Verde Ecologista de México) dijo que se debe reconocer que sí fue desaparición forzada la de los estudiantes de Ayotzinapa y que también fue un crimen de Estado, ordenado por un presidente municipal. La legisladora se unió a la propuesta de iniciar juicio político al gobernador con licencia, de Guerrero, y pidió aplicar la justicia, “caiga quien caiga”.
Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) señaló que México está en una crisis humanitaria y pone de manifiesto la gran descomposición del sistema político mexicano. Agregó que las graves masacres a cargo de agentes del Estado siguen sin atenderse y las víctimas no reciben reparación del daño. “La justicia se sigue impartiendo por consigna y por amiguismo; es el botín político de unos y la ruina de otros”.
Lilia Aguilar Gil (Partido del Trabajo) afirmó que el caso de los 43 estudiantes es un crimen de lesa humanidad y que su desaparición forzada hace preguntarse ¿hasta dónde está metido el crimen organizado, no sólo en las presidencias municipales, sino en los gobiernos estatales? Añadió que además de los normalistas de Iguala, existen a la fecha otras 22 mil 322 personas no localizadas “y no se hace nada para encontrarlas”.
La diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) dijo que el informe de la comisión especial es incompleto pues existe un pendiente: “no se ha reunido con los padres de familia de los 43 desaparecidos porque estos no confían en la clase política”.