El pleno del Senado turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia, y Estudios Legislativa Segunda la iniciativa de reformas constitucionales en materia de justicia propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. En el debate, El PAN y PRD fustigaron la propuesta presidencial para desaparecer las policías municipales y disolver los ayuntamientos infiltrados por el
narco.
El senador Roberto Gil Zuarth adelantó que el Partido Acción Nacional no va a acompañar ocurrencias, enfoques centralistas o recursos autoritarios.
Las iniciativas que en materia de seguridad envió el presidente Peña Nieto al Senado, aseguró, tendrán “una discusión seria, serena y responsable”, porque “México no se merece remedios presurosos para librar coyunturas o superar climas de opinión; no se merece atentados a la forma histórica de nuestra organización política”.
El PAN, agregó, va a contribuir a las soluciones de México, tenemos experiencia e ideas y vamos a hacer, como siempre, lo correcto, lo que le conviene a nuestro país.
“¿La narrativa reformista del gobierno ha sido tan ‘exitosa’ que el propio Presidente ya se acabó por convencer de que los poderes ejecutivos se reducen a la facultad de iniciativa constitucional o legislativa?” cuestionó Gil Zuarth.
El gobierno del presidente Peña Nieto no encuentra los diagnósticos y por supuesto está errando en las salidas para enfrentar la crisis. Puede hacer más de lo que su decálogo plantea y no necesita de periodos extraordinarios para poner manos a la obra, subrayó.
Gil Zuarth sostuvo que “el tamaño político y ético de un gobierno se define por su capacidad para entender los problemas, explicarlos, tejer alternativas y movilizar a la sociedad para alcanzar objetivos valiosos; ahí reside la eficiencia y el liderazgo político”.
Afirmó que sin obviar la necesidad de nuevas reglas e instituciones, el presidente ha renunciado a tomar decisiones y ha remitido al Congreso, como aquel que se sacude las manos, la responsabilidad de resolver la crisis actual.
Explicó que en estos dos años han dejado muchas cosas de hacer, y en ese sentido, cuestionó: ¿el presidente de la República no encontró en su órbita directa, en ese conjunto de potestades que la da la Constitución y la ley algunas decisiones que pudiera haber tomado por sí mismo para mejorar el estado de cosas, o, como sí se desprende del decálogo, no le quedó más que recurrir a cambios constitucionales o legales?
¿Necesita el gobierno una ley contra la infiltración del crimen organizado para ejercer la acción penal por delincuencia organizada contra alcaldes o funcionarios municipales o contra cualquier otro servidor público?, agregó.
¿En lo que el Congreso analiza las miles de iniciativas en materia de tortura, desaparición forzada de personas, uso legítimo de la fuerza, protección de derechos humanos que han presentado senadoras y senadores de los partidos de oposición, no sería buena idea que el presidente utilizara la facultad reglamentaria para emitir protocolos o utilizar el Sistema Nacional de Seguridad Pública para fijar directrices a los gobernadores?, finalizó.
Decálogo de EPN no resuelve
seguridad ni demandas sociales: PRD
Por su parte, el senador del PRD, Luis Sánchez Jiménez, advirtió que el Decálogo de propuestas para resolver el problema de seguridad y de credibilidad en las instituciones que presentó el Presidente Enrique Peña Nieto no responde plenamente a las demandas sociales.
Apuntó que el Estado mexicano está rebasado y muy cercano a un Estado fallido y que para salir adelante es necesario reconocer que existe la narcopolítica y que la corrupción está presente en todos los niveles de gobierno.
“Tenemos dos opciones, o abonar a la crispación de la sociedad o ser parte de las soluciones”, mencionó el legislado por el Estado de México
Sánchez Jiménez aseguró que la propuesta de desaparecer la policía municipal y fortalecer la estatal no resuelve en nada el problema de seguridad, pues aseguró la infiltración no es exclusiva del ayuntamiento.