Una vez que los legisladores aprueben la nueva Ley Anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, (TFJFA) será el encargado de valorar y fijar las sanciones correspondientes de algún servidor público que haya infringido la norma.
Así lo anunció el Magistrado Presidente de ese órgano, Manuel Hallivis Pelayo, en entrevista radiofónica en El Punto Crítico que conduce Eduardo Ramos Fusther, en Radio Fórmula, en la frecuencia 1470 de AM. Hallivis Pelayo aseguró que el Tribunal se encuentra preparado para valorar adecuadamente las pruebas que se presenten en contra de un servidor público cuando llegase a ser acusado por algún delito.
“Nosotros somos un órgano que revisa las determinaciones de las autoridades, en este caso de la Secretaría de la Función Pública, los Órganos Internos de Control y la Auditoría Superior del a Federación. Pero si un funcionario resultara sancionado por cualquiera de estas instancias, también pueden acudir a nosotros para solicitar se aplique conforme a la ley la resolución de la autoridad”, explicó.
Porque la función del TFJFA es analizar que las penas sean impuestas de manera correcta y que no se falte a los derechos del servidor público: “Todos tienen derechos fundamentales, así como el pueblo de México tiene derecho a que se sancione cualquier acto que vaya contra las leyes”, afirmó.
Insistió, por lo tanto, que el Tribunal está preparado y tiene toda la intención de participar en estas nuevas reglamentaciones que prepara el Congreso, y que de manera muy específica separan las funciones de aquellos que realizarán las investigaciones y de quienes tendrán a su cargo sancionarlas.
En este sentido, detalló que la Auditoría Superior de la Federación sería la encargada de realizar la investigación de algún servidor público que sea señalado o acusado de actos de corrupción, mientras que la Función Pública tendría a su cargo elaborar los expedientes, y el Congreso lo entregaría finalmente al TFJFA.
Por consiguiente, el Tribunal realizará el análisis detallado y aplicaría la sanción correspondiente.
“La profundidad de la sanción es la expresión máxima del derecho administrativo sancionador, que implica desde las multas de la Profepa y Profeco, hasta el derecho disciplinario, con el cual los servidores públicos van a ser investigados y vamos a determinar qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para determinar, entre otras cosas, lo que se llama la prueba de racionalidad y prueba de proporcionalidad.
“Este último aspecto –dijo-, lo usan en la corte de justicia de Alemania, y la usa nuestra Corte en algunos temas específicos. Esta prueba de proporcionalidad, significa que la sanción debe ir en relación directa con el daño causado. Y también tenemos otra cuestión, que esa sanción debe ser ejemplificativa, porque de nada serviría que se aplicarán una serie de sanciones que no lleguen a resarcir los daños, porque lo más importante es inhibir a que otros hagan lo mismo”.
SE REQUIEREN PROFESIONALES
El magistrado presidente del TFJFA reconoció, sin embargo, que para aplicar las sanciones dentro de lo que será la nueva Ley Anticorrupción, se requiere contar con “investigadores que sean muy buenos y profesionales, así como jueces que sepan qué hacer y que en un momento dado inhiban lo que no se tiene que hacer y que no se repita”.
Dejó en claro que “esta sanción se tiene que imponer con respeto al derecho de la persona que será sancionada. Porque estos son ilícitos o irregularidades legales, no son delitos, no se llaman así”.
En este sentido, el magistrado detalló que a este tribunal le ha correspondido juzgar todos los temas relacionados con irresponsabilidades de servidores públicos, además de aplicar multas administrativas federales, no fiscales, pero ahora, dijo: “no vamos a juzgar la resolución vamos a emitir la resolución”.
Y quién mejor que un juez especializado en legalidad “como somos nosotros sea el que emite una resolución del probable responsable, con lo cual va a salir blindada la resolución ya va a ser muy difícil que se pueda echar a bajo esa resolución. Eso le va a dar certeza jurídica al pueblo”.
JUICIOS EN LÍNEA
El magistrado presidente se refirió también a la nueva modalidad de realizar juicios en línea a través de cual se promoverá, sustanciará y resolverá un juicio, todo ello de manera digital generando así un expediente electrónico.
Éste es un tema que está por entrar al Congreso, que tiene como fin simplificar y acelerar el juicio administrativo del ordinario, y que no ha sido muy demandado por los interesados de hecho: “Es un porcentaje limitado es el que acude a él.”
Pero aclaró que en el Tribunal también se han simplificado las medidas cautelares, “Estamos simplificando el cumplimiento de las sentencias, etc., calculamos que en estas reformas podamos reducir en un 50% el juicio ordinario”.
Finalmente, reiteró que todo ciudadano tiene derecho a presentar sus demandas y que este tribunal tiene entre sus objetivos dar la razón a quien la merece, y hacer valer sus derechos. “Tenemos una gran función que es la dirimir las controversias entre particulares y autoridades con extrema imparcialidad, porque el tribunal tiene fama de imparcial honesto y de excelencia en sus resoluciones”.