Después del revés que tuvo en agosto pasado al derogarle el congreso local la ley “Mordaza” que restringía el acceso a medios de comunicación a información considerada como delicada, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, mejor conocido como “Malova”, ahora advirtió que a partir de “ya” quienes bloqueen las vías generales de comunicación serán encarcelados y
sujetos a proceso penal.
El mandatario ha insistido en que las manifestaciones en la entidad no deben violar los derechos de terceras personas y sostuvo que su gobierno actuará conforme al orden social.
Ante el hecho de que, en la entidad están creciendo las manifestaciones en apoyo al movimiento de estudiantes y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos -el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero-, “Malova” anunció que tomará mediadas hacia las personas que se manifiesten y provoquen desorden público.
“Quienes bloqueen o cierren vialidades en esta entidad serán detenidos y sujetos a proceso penal”, ha dicho el gobernador.
Medida secundada por su secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros, que reiteró que se dará cárcel a las personas que hagan bloqueos en calles y carreteras, sin embargo especificó que esto se hará después de la denuncia correspondiente. “Se evitará que se realicen movilizaciones que interfieran con las actividades diarias de la ciudadanía”, manifestó.
En tanto que el gobernador López Valdez, reconoció que en el estado, las protestas pueden subir de tono, al igual que en otros estados como Guerrero y la Ciudad de México, y por ello, dijo, “se debe garantizar la gobernabilidad del territorio sinaloense”.
Las manifestaciones en pro de los normalistas, se han replicado también en Sinaloa, lo que ha alertado al mandatario estatal. “Como que la lumbre está muy cerca”, comentó.
Refiriéndose a eventos como el lunes 1 de diciembre, en el que, al menos 180 escuelas de educación pública de todo el estado suspendieron clases, o las protestas que llegaron hasta el Gran Maratón Pacífico 2014, donde algunos participantes portaron camisetas para solidarizarse con la causa. También, durante la jornada nacional y global por Ayotzinapa, realizada el 20 de noviembre pasado, el desfile conmemorativo por el 104 aniversario de la Revolución estuvo salpicado de reclamos y protestas en la entidad.
Luego de las declaraciones del mandatario estatal, Juan José Ríos Estavillo, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), expuso que así como se deben respetar los derechos de terceros durante manifestaciones, también se debe garantizar el derecho a la libertad de manifestación y de expresión.
“La calle al ser un bien público puede ser ocupado por cualquiera de estas vías de expresión, ¿qué vamos a hacer cuando una marcha partidista esté llevándose a cabo y esté bloqueando calles en pleno ejercicio de la libertad de expresión y sus derechos?”, cuestionó.
“Tan grave es que en una manifestación se violente contra el patrimonio de terceros como tan grave es que una autoridad violente los derechos de este manifestante cuando lo está haciendo de manera pacífica, ordenada, como lo marca la ley”, agregó el ombudsman estatal sobre las declaraciones de López Valdez.
“Ley Mordaza”
En agosto pasado, el Congreso de Sinaloa aprobó la llamada “Ley Mordaza”, promovida por el gobernador López Valdez, la cual establecía en el Artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa (PGJE) que los medios de comunicación sólo tendrían acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la Unidad de Acceso a la Información Pública, siempre que se cumplieran con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia.
Desde su aprobación, expertos habían advertido que la legislación violentaba los derechos humanos de acceso a la información pública y la libertad de expresión, consagrados en la Constitución mexicana. La controvertida “Ley Bozal” o “Mordaza”, como se le nombró, provocó marchas y protestas en la entidad por parte de periodistas que vieron en ésta limitaciones a su trabajo, y miles de ciudadanos se solidarizaron con ellos.
Ante las críticas y el rechazo a la “Ley Mordaza”, Malova aceptó que la legislación era un error, e incluso en su momento declaró: “Al mejor cocinero se le va una papa entera”.
El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la derogación del artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la PGJE. La ley aprobada el 31 de julio sólo duró 21 días.
Luego de su derogación, López Valdez garantizó que no se volvería a buscar implementar las mismas medidas como la denominada “Ley Mordaza”, pero estableció que esto sólo será durante su gobierno.
También en Sinaloa
hay desapariciones
En este clima de crispación social, recién se dio a conocer que Sinaloa es la quinta entidad con más desapariciones forzadas, con mil casos, en lo que va de la administración de López Valdez.
El viernes 5 de diciembre, familiares de personas desaparecidas localizaron una fosa clandestina en el Ejido de La Choya, en el municipio de El Fuerte, en Sinaloa, donde hallaron cinco cuerpos.
Evaristo Castro Borbolla, subprocurador de Justicia de la Zona Norte de ese estado, afirmó que tras los trabajos periciales se confirmó el hallazgo de los cadáveres enterrados, los cuales fueron localizados por familiares de víctimas de desapariciones.
Desde septiembre de este año se han encontrado fosas con cuerpos cerca de ese lugar, unos por trabajadores y otros, como en esta ocasión, por familiares de desaparecidos.
Han sido más de 10 cuerpos los que se han hallado, ninguno ha sido reconocido, por lo que se han tenido que practicar pruebas de ADN, las cuales hasta el momento siguen en los laboratorios, mientras en el Fuerte se siguen encontrando cuerpos.
La semana pasada, se informó que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se reportan en lo que va de la administración de Malova, unas mil personas en esta situación, lo que representa el 154 por ciento más que las registradas en los últimos cuatro años de la administración del ex Gobernador Jesús Aguilar Padilla.