Ante la exigencia de una mejor justicia en el país, sobre todo por la situación de violencia derivada del caso Ayotzinapa, la nueva Fiscalía General de la República (FGR) que sustituirá a la PGR una vez que sea aprobada la ley correspondiente, será indispensable para avanzar en la modernización del sistema jurídico penal y de sus instituciones, en aras de resolver los
principales problemas que afectan a México en este rubro.
Así lo afirmó el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, al recordar que la nueva ley que dará vida a la FGR obedece el mandato de la reforma constitucional que se aprobó el año pasado y se inscribe en la modernización del régimen político y la creación de nuevos equilibrios constitucionales.
Agrego que la creación de la nueva fiscalía complementa el decálogo de medidas que anunció el presidente de la República para consolidar el estado de derecho, además de ser uno de los temas fundamentales de la agenda de acuerdos legislativos.
Explico que la nueva ley tiene el propósito de contar con un órgano de procuración y administración de justicia moderno, con autonomía constitucional, situado a buena distancia de la influencia política y de cualquier tipo de subordinación.
Beltrones Rivera, dijo que con estas fortalezas se revalora el ministerio público como un órgano técnico de persecución del delito, representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad, para que la acción penal se ejerza con eficacia y prontitud, apoye y asista a las víctimas de los delitos y asegure el acceso a la justicia con respeto irrestricto de los derechos humanos.
Será, afirmó, un ministerio público técnicamente capacitado, confiable y cercano a los ciudadanos que hará posible la instrumentación exitosa del nuevo sistema acusatorio, el cual parte del principio de presunción de inocencia en la impartición de justicia.
La FGR contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el fiscal general de la República.
El nombramiento y remoción de los fiscales especializados podrán ser objetados por el Senado de la República, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronuncia en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.