Declaran 65 policías federales por el tiroteo en Apatzingán

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Francisco Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal, informó que más de 65 elementos de la corporación declaran ante el Ministerio Público por la muerte de 9 personas en los enfrentamientos del martes en Apatzingán.

En conferencia de prensa, el funcionario federal precisó que son 62 policías y tres mandos lo que rinden su declaración en torno a los dos enfrentamientos que hubo, durante el desalojo de la alcaldía y durante el intento de rescate de 44 detenidos y 23 vehículos que les fueron decomisados.

Detalló que todos los mandos policiacos estuvieron presentes  durante los hechos registrados en las inmediaciones  de  la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Ya se presentaron para rendir su declaración 62 elementos y tres mandos. Quienes participaron, vieron u observaron algo serán quienes hagn su declaración ante el Ministerio Público”, dijo.

Afirmó que la dependencia a su cargo está dispuesta a participar en las investigaciones para determinar qué fue lo que sucedió.

Galindo Ceballos indicó que en el caso de que exista responsabilidad de los elementos durante los hechos registrados, se actuará conforme a derecho y en apego a los lineamientos de la Policía Federal.

Como fuera publicado en El Punto Crítico, el martes pasado en Michoacán, ocurrieron dos enfrentamientos entre hombres armados y militares que dejaron nueve personas muertas y 44 detenidos así como el decomiso de varias armas y 23 vehículos automotores.

Los tiroteos surgieron cuando las fuerzas federales desalojaron a un grupo apostado en la alcaldía de Apatzingán, región de Tierra Caliente -que Michoacán comparte con Guerrero- y considerada por años el bastión del cártel Los Caballeros Templarios.

La otra piedra en el zapato

El nuevo brote de violencia en Michoacán, cuya violencia derivada del crimen organizado que parecía haberse reducido en los últimos meses, puso aún más en entredicho la estrategia de seguridad del gobierno federal que enfrenta aún la crisis desencadenada por la masacre de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre.

Esto ocurre al inicio de año, porque al cierre de 2014 -16 de diciembre- el fundador de las autodefensas Hipólito Mora y sus simpatizantes se enfrentaron a balazos con los de su acérrimo enemigo, conocido como 'El Americano'. 

Tras el enfrentamiento, que dejó 11 muertos, ambos exmilicianos inscritos en las fuerzas rurales fueron encarcelados junto con 35 de sus seguidores a quienes ya se les dictó formal prisión.

Como se sabe, en Michoacán, grupos de civiles formaron en febrero de 2013 milicias armadas llamadas autodefensas con el objetivo de defenderse de los secuestros, extorsiones y asesinatos que perpetraban los Templarios, muchas veces bajo la connivencia de autoridades locales.

En mayo de 2014, después de que fuerzas federales desmantelaran casi toda la cúpula del cártel, el gobierno pactó con la mayoría de los grupos milicianos para que se institucionalizaran en un nuevo cuerpo de fuerzas rurales.

Con el tiempo salieron a la luz divisiones entre líderes de estas guardias comunitarias, algunas de las cuales fueron sospechadas de acoger a miembros del crimen organizado.

Es así que Guerrero y Michoacán comparten la violenta Tierra Caliente, en cuya montañosa zona, del lado de Guerrero se encuentra Iguala, la ciudad en que desaparecieron los 43 estudiantes la noche del pasado 26 de septiembre, tras un ataque armado de policías locales y narcotraficantes contra los normalistas, ordenado por el alcalde José Luis Abarca que tras andar a salto de mata se encuentra detenido más no procesado.

Llaman a comparecer

al Comisionado Castillo

Por su parte, los integrantes del pleno de la Comisión Permanente aprobaron llamar al comisionado de la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo, a participar en una reunión de trabajo con sus legisladores integrantes. 

Lo anterior fue consecuencia de la propuesta de la diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo quien desde el pasado 22 de diciembre, solicitó la reunión debido al último enfrentamiento en La Ruana, al considerar que no se advierte de un avance en la prevención de delitos, combate a la delincuencia organizada y un uso excesivo de la autoridad. 

“A partir de los hechos de La Ruana, en Michoacán se han confirmado una serie de abusos y excesos que el Comisionado había ejercido desde que tomó posesión de su nuevo encargo -15 de enero de 2014-como es la invasión de competencia de los distintos poderes estatales y municipales”, explicó.

En el punto de acuerdo, la legisladora petista indicó que “la falta de compromiso para llevar a todos los delincuentes ante la justicia como Servando Gómez “la Tuta”, líder de los Templarios, y pactar la entrega de otros en circunstancias que “rayan en el surrealismo, es una de las razones de por qué Michoacán se encuentra en el estado de inseguridad y violencia actual”, manifestó.

En tanto que expertos en seguridad, estiman que es “un modelo agotado”, lo que demuestra el "déficit de legalidad" del mecanismo de institucionalización de las milicias, las que no quedan claro si son “fuerzas del orden establecidas o un grupo armado irregular".

Aseguran que la figura de Alfredo Castillo, como el comisionado asignado por el gobierno federal para resolver la crisis de Michoacán, "ya se agotó".

Opinan que "lo que se necesita es que regresen los plenos poderes al gobierno" de Michoacán para tomar decisiones perennes de presupuesto, seguridad y procuración de justicia y que no sean de urgencia como ocurre de momento”.

El propio Castillo ha reconocido que las fuerzas rurales "posiblemente tengan una temporalidad" y deban desaparecer en favor de la nueva policía estatal unificada propuesta por el gobierno para terminar con la corrupción y los abusos que, muchas veces, acompañan a los policías locales. 

Por ello, hay riesgos de más enfrentamientos, porque algunos policías rurales o milicianos se resisten al desarme, como los 19 participantes del enfrentamiento en La Ruana que decidieron no entregarse y están libres y armados, con la amenaza del Comisionado que de que serán detenidos por las fuerzas del Ejército y la Policía Federal.

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