Entre los pendientes del Senado para este año está alcanzar un acuerdo para nombrar a los titulares de las fiscalías especializadas encargadas de combatir los delitos electorales y de corrupción.
El pasado periodo extraordinario que concluyó el 15 de diciembre pasado, el pleno dejó sin aprobar la ley reglamentaria de la nueva Fiscalía General de la Nación.
Los senadores no designaron a los nuevos funcionarios públicos, a pesar de que lanzaron una convocatoria, recibieron el registro de 53 aspirantes, dieron entrada a documentación y los citaron a comparecer ante comisiones y grupos parlamentarios.
En ambos casos, las comisiones dictaminadoras cumplieron con su labor y entregaron las listas de nombres detallando la idoneidad de los aspirantes.
Sin embargo, los integrantes de la Junta de Coordinación Política no pudieron alcanzar un acuerdo para llevar a los finalistas ante el pleno.
Los líderes de las bancadas mayoritarias minimizaron la posibilidad de cerrar el periodo ordinario sin elegir al fiscal que combatirá los delitos electorales, por lo que incluso podría ser designado hasta febrero próximo.
“No habría ninguna repercusión porque no regula el proceso electoral. El fiscal es persecutor de delitos electorales. El Instituto Nacional Electoral (INE) y su estructura es la que regula procesos electorales”, justificó el presidente del Senado, Miguel Barbosa.
El senador del PRD explicó que la complejidad de la ley de la nueva Fiscalía General de la Nación impidió construir acuerdos para aprobarla y, de ahí, derivar las facultades que tendrán las nuevas fiscalías.
Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, pronosticó que el nombramiento del fiscal anticorrupción se hará hasta este año siempre y cuando el Congreso apruebe un verdadero sistema nacional anticorrupción; de lo contrario, dijo, se elegirá a un “fiscal de aparador que ni siquiera podría sacar copias”, pues no tendrá autonomía.
Preciado Rodríguez expuso que por parte del Partido Acción Nacional “sí se atoró” el tema y su grupo parlamentario lo va a aprobar cuando la Cámara de Diputados avale un sistema nacional anticorrupción, probablemente en el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero.
Declaró que en una legislación que no le dé más dientes a la fiscalía anticorrupción sería inútil que haya un titular de la fiscalía adscrita a la PGR.
“En ese sentido no le vemos caso el nombrar a un fiscal que no puede ni siquiera sacar copias, realmente el fiscal sería un empleado más del Procurador General de la República y no un fiscal autónomo”, expresó.
Debaten Sistema
Nacional Anticorrupción
Durante el apartado de Agenda Política de la sesión de la Comisión Permanente, se abordó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Inició las intervenciones el diputado Fernando Rodríguez Doval (PAN) quien señaló que la corrupción no es un tema cultural, explicando que sería imposible combatirla. Indicó que el Grupo Parlamentario del PAN presentó el 3 de noviembre una propuesta para el crear el SNA en la que se plantea que las instituciones que ya existen estén mejor coordinadas y tengan más facultades para combatir la corrupción.
Al tomar la palabra, el diputado José Angelino Caamal Mena (NA) señaló que a los problemas de inseguridad de los últimos años, se suman la incertidumbre económica y los actos de corrupción que han protagonizado funcionarios públicos.
Planteó que la corrupción es un fenómeno que está minando la confianza de los mexicanos en sus instituciones y que frena el desarrollo económico, por lo que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción representa una oportunidad de acabar con este lastre.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) señaló que las propuestas para crear el SNA presentadas por el PAN y del Ejecutivo no acaban con la corrupción pues no aseguran que las contralorías internas sean autónomas y crean un comité de participación ciudadana que no tiene ninguna atribución vinculante. “Esta reforma, que es de la que tanto se ha hablado y que probablemente será discutida, no plantea un México moderno respecto a la lucha contra la corrupción, pues no garantiza el derecho a un gobierno honesto y no separa transparencia de rendición de cuentas”.
La diputada Nelly del Carmen Vargas (MC) señaló que ya no se tiene confianza en los gobernantes, por lo que es urgente crear el Sistema Nacional Anticorrupción, con una fiscalización fuerte que actúe “en tiempo real”.
Finalmente, afirmó que no se puede permitir que el Ejecutivo presida el consejo del Sistema Nacional Anticorrupción.
El diputado David Pérez Tejada Padilla (PVEM) señaló que de acuerdo con Forbes, la corrupción en México representa 100 mil millones de dólares al año y calificó como urgente discutir los dictámenes que darán pie a la creación de SNA, pues el mensaje del Congreso de la Unión debe ser firme y claro respecto a que no se permitirá la corrupción en ningún nivel de gobierno.
La diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) señaló que se ha permitido fomentar un sistema corrupto, pues por años sólo se castigó la corrupción por razones de venganza política y expuso que lo que ha predominado “es la corrupción y la impunidad de los partidos políticos”. Concluyó planteando que debe terminar el pacto de impunidad que se ha establecido en el país.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (PRI) planteó que es un debate falso enlistar casos específicos de corrupción, e indicó que no se puede permitir el oportunismo electoral, consistente en señalar mediáticamente casos en lugar de combatir el problema de fondo. Señaló que las tres iniciativas presentadas por diversos legisladores y el pre proyecto de dictamen existentes proponen desaparecer cualquier consejo o comité que pueda entorpecer al SNA.
Finalmente, el senador Isidro Pedraza (PRD) pronunció que acusar un falso debate en materia de corrupción “es no querer abrir los ojos”; planteó que no basta con legislar, pues “en México la ley está pero no se aplica. Requerimos que el Presidente empiece con el ejemplo: hay diversos funcionarios que no deberían estar funcionando”. Propuso que se debe trabajar en castigos reales a funcionarios corruptos y en incentivar la fiscalización, señalando que se trata sólo de voluntad política.