Las audiencias públicas del Senado para analizar las reformas en seguridad y justicia enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto serán inauguradas mañana por gobernadores.
Los foros iniciarán con la presencia de los gobernadores César Duarte, de Chihuahua; Rodrigo Medina, de Nuevo León;
Graco Ramírez, de Morelos; Miguel Márquez Márquez, de Guanajuato, y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.
También se espera la participación del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Materia de Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia.
La iniciativa constitucional enviada el pasado 1 de diciembre por el titular del ejecutivo federal, plantean fortalecer a los municipios contra el crimen organizado y crear el Mando Único estatal y las audiencias durarán tres días, del martes 20 al jueves 22 de enero y adicional a los gobernadores y alcaldes, participarán académicos, funcionarios públicos.
A través de estos encuentros se busca conocer la opinión de expertos y contar con aportaciones e insumos valiosos para el proceso de dictaminación de esta propuesta.
En las diversas mesas de trabajo se abordarán los temas incluidos directamente en el proyecto: Experiencias locales, Mando Único Policial Estatal, Intervención federal por filtración del crimen organizado en municipios' y Sistema de competencias en materia penal”.
En el análisis de las Experiencias locales se prevé la participación de gobernadores y presidentes municipales; para el tema de “Mando Único”, la intervención de funcionarios públicos del gobierno federal y representantes de la sociedad civil.
Respecto a la Intervención federal por filtración del crimen organizado en municipios, participarán académicos y especialistas; y sobre el 'Sistema de competencias en materia penal', funcionarios y académicos.
Para el formato de cada audiencia, el grupo de invitados será dividido en tres bloques, y cada ponente tendrá 10 minutos para presentar su posicionamiento inicial.
Posteriormente, los senadores podrán realizar preguntas y se estima que la intervención de cada grupo tenga una duración aproximada de una hora con treinta minutos o dos horas, dependiendo el número de invitados.
En noviembre pasado, como respuesta a la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de la escuela normal Rural Raúl Isidro Burgo, en Ayotzinapa, Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un decálogo en materia de seguridad pública.
En este marco, en diciembre de 2014, el mandatario federal envió al Senado de la República una iniciativa que reforma los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116, y 123 de la Constitución, a fin de replantear el modelo de seguridad pública y establecer un nuevo sistema policial.
El proyecto, que se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, propone el Mando Único Policial Estatal y establece la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las funciones municipales, cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado.
La propuesta de modificación al Artículo 115 Constitucional precisa que, derivado del ejercicio de sus atribuciones, el fiscal general de la República advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará al secretario de Gobernación.
Lo anterior, para que, de estimarlo procedente, en forma conjunta, soliciten la aprobación del Senado de la República para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio, en los términos que disponga la ley reglamentaria.
En caso de asunción total de las funciones, se agrega en el documento, la legislatura del Estado correspondiente convocará a elecciones de conformidad con lo previsto en su Constitución. Si las constituciones locales no prevén este supuesto, se atenderá a lo dispuesto en la ley reglamentaria.
El Ejecutivo consideró necesario que la seguridad de los municipios esté a cargo de los gobernadores de los estados por conducto de su corporación policial estatal y que los municipios deben realizar las aportaciones a los estados, en los términos que determinen sus leyes, para la realización de esta función.
La iniciativa presidencial también sugiere facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que determinen la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública, así como para homologar criterios y procedimientos en la materia, que se definan con libertad qué conductas deben ser tipificadas en dichos ordenamientos y distribuyan, en esos casos, las competencias para su investigación, persecución y sanción.