Debe SCT informar sobre avances televisión digital

 Juan Pablo Adame

Senadores y diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, demandaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe de manera detallada sobre padrón de beneficiarios y los avances en la entrega de pantallas del Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre.

Los legisladores demandaron también esclarecer las partidas presupuestales destinadas a la adquisición de los equipos receptores de señal digital en el Presupuesto de Egresos 2015.

Lo anterior forma parte de una demanda del panista Juan Pablo Adame, presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital de la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión demandó al Ejecutivo, quien también exigió  dar la máxima publicidad al programa de transición y difundir la lista de centros de entrega autorizados, así como sus horarios y personal responsable.

La propuesta exige también que "uno de los temas contenidos en la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones es el apagón analógico o proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), que consiste en finalizar la transmisión de señales audiovisuales radiodifundidas en formato analógico, en favor de las que se difunden en formato digital", detalla el acuerdo y  señala el plazo legal para concluir dicha transición vence el día 31 de diciembre de 2015.

CASO IZTAPALAPA

Por otra parte, la Comisión Permanente exhortó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y a la Contraloría General (CG), ambas del Distrito Federal, informen sobre el avance de las investigaciones que se siguen al jefe delegacional de Iztapalapa, con licencia, Jesús Valencia.

Lo anterior, porque las explicaciones ofrecidas por el delegado no aclaran los hechos, sino que generan más dudas, por el presunto conflicto de interés entre una empresa contratista y Jesús Valencia.

Ante este hecho, se destaca, la necesidad de una investigación a fondo que ayude a establecer sanciones contra quienes resulten responsables de haber incurrido en delitos en contra del servicio público y causales de responsabilidad administrativa.

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