A partir de febrero próximo, fecha en que inicia el periodo ordinario de sesiones, la oposición en el Senado de la República retomará la denuncia de irregularidades financieras en Chihuahua que benefician al gobernador César Horacio Duarte Jáquez, a su cónyuge Bertha Olga Gómez Fong y a otras personas asociadas al mandatario
estatal, como su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral que también funge como director de Banco Progreso.
Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) se alistan para presionar a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar la denuncia presentada por Ciudadanos organizados en el Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana, expresamente por el activista Jaime García Chávez, quien se encargó de documentar una serie de presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
En la denuncia presentada ante la PGR y autoridades financieras a partir de una investigación formal ciudadana se describe que el gobernador priista, funcionarios de la administración estatal y otros con carácter de prestanombres que han participado en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V. cuya autorización está en trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Allí se describe una “maquinación delictiva, bajo el diseño de actos jurídicos de aparente legalidad” con el único propósito de buscar el beneficio económico de César Horacio Duarte, quien ha asumido los roles de Gobernador y socio de la empresa bancaria mencionada.
En la denuncia presentada ante la PGR se especificó que Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, actual presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento, es uno de los principales accionistas del Banco Progreso con una aportación de diez millones de pesos.
Hermosillo Arteaga ocupó también el cargo de director del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas y Comisión Estatal de la Vivienda en la administración de Duarte.
El senador Javier Corral Jurado, del PAN, recordó que la solicitud formal de exhortar a la PGR a investigar al gobernador César Duarte se encuentra en estudio en comisiones del Senado.
El legislador por Chihuahua adelantó que un total de 66 legisladores (poco más del 50 por ciento que integra la Cámara Alta) están dispuestos a exigir a la PGR que investigue el presunto enriquecimiento ilícito del mandatario priista, a partir de febrero próximo fecha en que arranquen las labores del periodo ordinario de sesiones.
Asimismo las diputadas federales Rocío Reza Gallegos, de Acción Nacional, y Luisa María Alcalde, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunciaron que presentarán un recurso similar en la Cámara de Diputados para instar a las autoridades competentes a investigar las finanzas del Gobernador.
Firman los Duarte Fideicomiso
En la denuncia interpuesta ante la PGR se especifica que César Horacio Duarte Jáquez y su esposa Bertha Olga Gómez Fong firmaron el Contrato de Fideicomiso número 744743, de Administración e Inversión, formalizado ante el Notario Público No. 6, en noviembre del 2012.
En ese contrato, Duarte Jáquez y Gómez Fong aportaron sesenta y cinco millones de pesos con el objeto de que la Fiduciaria (Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte) realizara la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua.
Al firmar el texto los fiduciarios manifestaron bajo protesta de decir verdad, que los recursos aportados fueron de procedencia lícita y actividades propias de ellos.
Este es el primer aspecto que motivó la sospecha ciudadana. Aunque se desconoce cuál era el patrimonio del mandatario priista antes de iniciar su función gubernamental, el demandante consideró que tanto Duarte como su esposa carecen de recursos para aportar de su propio bolsillo 65 millones de pesos.
Por lo que supone que la creación del Banco Progreso de Chihuahua se realizó con recursos económicos de procedencia ilícita o con recursos del erario de la entidad
Las actividades anteriores e inmediatas que se le conocen a Duarte es como vendedor de autos usados, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Diputado local y Diputado federal en dos ocasiones.
“Los ingresos que como Gobernador obtiene César Horacio Duarte Jáquez, en el portal de transparencia, son del orden de $120,245.00 mensuales”, se lee en la denuncia penal.
Enriquecimiento ilícito
El enriquecimiento ilícito es sancionado por el Código Penal Federal en su artículo 224 que dispone que:
“Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
ENTRESACADO
El activista Jaime García Chávez considera que la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) deben investigar la procedencia y origen de las cantidades depositadas en el fideicomiso.