Después de fuertes disturbios y un sinnúmero de reuniones, el PRI determinó ceder en algunas exigencias por parte del PAN y PRD para finalmente conformar el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual será discutido este jueves en el pleno de la Cámara de Diputados.
Para tal efecto, los coordinadores parlamentarios del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera; del PRD, Miguel Alonso Raya, y del PAN, Ricardo Anaya Cortés, anunciaron que finalmente alcanzaron un acuerdo histórico en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción.
En una conferencia conjunta, Beltrones Rivera, anunció que esta misma semana, en la Cámara de Diputados, en una votación, se de vida al Sistema Nacional Anticorrupción.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera del PRD, adelantó que este jueves se daría primera lectura al dictamen en la sesión del Pleno y se le podrían dispensar todos los trámites para discutirlo y aprobarlo ese mismo día o el próximo martes.
El diputado perredista dijo que con el acuerdo alcanzado este martes se logra un consenso del 100 del documento, y cito el caso de dos muy importantes que mantenían frenada las negociaciones:
1.- Se aceptó que el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sea a propuesta del Ejecutivo, pero ratificado por el Senado.
También se acordó que lo relativo a la prescripción de siete años para llevar a cabo las acciones correspondientes.
“Con estos elementos pues prácticamente ya tenemos un dictamen que puede llevar a un consenso”, dijo César Moreno y recordó que por ser reforma constitucional se requiere el voto favorable de al menos dos terceras partes de los diputados.
Por su parte, Miguel Alonso Raya, explicó que el acuerdo no fue “un asunto de regateos”, sino de dar viabilidad a las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios y a los temas que tenían dificultad para transitar.
“Se construyó un acuerdo y cuando se da un acuerdo, se hace caminar y se da la posibilidad de que vaya a los estados sin el problema, porque ya va con el acuerdo de las fracciones mayoritarias para que eso camine y pueda salir la reforma constitucional”, explicó.
Apuntó que uno de los asuntos que se tendrá que resolver en el articulado transitorio será lo que tiene que ver con la situación del actual titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade.
En las negociaciones se acordó que el secretario de la Función Pública (SFP) sea ratificado por el Senado de la República después del nombramiento del titular del Ejecutivo. Además se acordó que las participaciones federales serán fiscalizadas hasta en un 92 por ciento por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el otro 8 por ciento lo verán los órganos fiscalizadores.
Además de que no habrá “borrón y cuenta nueva” de los delitos que se cometieron en el pasado, por lo que la prescripción de los delitos será de siete años, lo que significa que algunos de los delitos de corrupción se hayan cometido en el pasado, podrían ser investigados y castigados con este nuevo sistema
1.5 BILLONES DE PESOS EL COSTO DE CORRUPCION
Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que la corrupción le cuesta a México cada año 1.5 billones de pesos, lo que equivale a 45 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) todos los años, que lleva al país a ocupar el lugar 103 de 174 naciones evaluadas por el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional.
Aseguró que “con los acuerdos alcanzados para crear este sistema no habrá más impunidad, los recursos públicos serán bien empleados y los corruptos irán a la cárcel. México debe ser un país de leyes, no un país de escándalos”.
Sin embargo, reconoció que esta reforma constitucional es un paso decisivo, pero va a tomar una generación entera combatir la corrupción.
Manifestó que “no habrá borrón y cuenta nueva, quien haya cometido actos de corrupción en el pasado, sí podrá ser juzgado con este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción”.
Se acordó que el Sistema Nacional Anticorrupción tenga tres ejes fundamentales: la prevención, investigación y consignación y sanción:
La prevención se llevará a cabo con el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública y de los órganos internos de control de todas las dependencias y organismos públicos.
La investigación a fondo se realizará a través de órganos verdaderamente independientes y autónomos, fortaleciendo a la Auditoría Superior de la Federación, que podrá realizar auditorías en tiempo real e investigar a partir de denuncias ciudadanas.
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción investigará con las más amplias facultades y consignará ante jueces federales a quienes cometan delitos relacionados con hechos de corrupción.
Como tercer punto, nunca más los empleados del Presidente de la República, de los gobernadores o de los presidentes municipales, juzgando a sus jefes o a sus compañeros por faltas graves. El responsable de sancionar a quienes cometan actos de corrupción será un tribunal autónomo.
El Secretario de la Función Pública será propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Senado de la República: las faltas graves prescribirán hasta después de siete años y será sujeto de revisión el 100 por ciento del dinero que gasta el gobierno federal y el 92 por ciento de los gobernadores y presidentes municipales, sostuvo.