Diputados locales y federales del PRD llamaron a una movilización social para detener el ultraje en contra de la mayoría de los mexicanos, al pretender con la nueva Ley General del Agua que quieren aprobar PRI, PAN, PVEM y Panal, privatizar este servicio vital para la población, con lo que se atenta en contra del acceso al agua como derecho humano, tal como lo contempla la el Artículo 4º Constitucional.
Los asambleístas Alejandro Ojeda y Gabriel Godínez, así como los diputados federales Aleida Alavez, Socorro Ceceña, Alejandro Sánchez Camacho y Gabriel Orihuela, manifestaron que el próximo martes, cuando se espera que en el Pleno de la Cámara de Diputados se discuta dicha legislación se movilizarán frente al Palacio legislativo de San Lázaro.
En particular, sostuvieron que de aprobarse la legislación violatoria del derecho humano al acceso del agua, en el Distrito Federal se incrementaría hasta en un 300 por ciento, la tarifa del vital líquido.
Por la parte federal, Aleida Alavez y Sánchez Camacho sostuvieron que promoverán una mención suspensiva para que no se discuta en el pleno camaral, pero de persistir la posición de la derecha, no descartan la toma de tribuna, y de concretarse este nuevo agravio a la ciudadanía, buscarán promover un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El diputado Alejandro Ojeda llamó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a su homóloga en el Distrito Federal, intervengan mediante recomendaciones para evitar la aprobación de la Ley General de Aguas que se encuentra en proceso legislativo en la Cámara de Diputados.
En caso de concretarse ente nuevo atentado contra los intereses de la mayoría de los mexicanos, solicitó a los organismos defensores de los derechos humanos promover una acción de inconstitucionalidad, pues se atenta contra el Artículo 4º Constitucional que reconoce el acceso al agua como un derecho humano.
Explicó que lo que se pretende aprobar en el pleno de San Lázaro, tiene la intención de privatizar el agua, ya que en el cuerpo del dictamen se viola derecho humano al acceso al agua; al tiempo que se da prioridad a concesiones de agua a particulares, ello en detrimento de la responsabilidad del Estado de garantizar el abasto del vital líquido a la población.