El Senado de la República aprobó, con 80 votos a favor y siete en contra, la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, que cataloga el robo de gasolina y diésel como delincuencia organizada, con penas que llegan hasta
los 35 años de prisión y multas acordes al daño patrimonial.
Las sanciones se establecerán de manera proporcional al daño causado, y se considerarán responsables a todos los que participan en la extracción y venta ilegal de petrolíferos, incluidos servidores públicos. La norma establece penas de 10 a 18 años de prisión y multa de 17 mil a 27 mil días de salario mínimo, a quienes participen en la venta de litros incompletos de gasolina y gas LP.
El dictamen, remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, incluye la aprobación de reformas y adiciones al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; a los artículos 254 Ter, 254 , 253 y 368 Quáter del Código Penal Federal; y al artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Omar Fayad Meneses, apuntó la necesidad de elevar a delito grave el robo de hidrocarburos, pues además del daño patrimonial al erario público, se pone en constante riesgo a la población que habita en torno a los ductos por posibles explosiones, fugas y derrames, aunándose a esto el daño al medio ambiente.
Destacó que hubo una intensa labor de consenso entre los grupos parlamentarios para avalar este dictamen, por lo que en la tipificación en el artículo 16 , se agregó un segundo párrafo para salvaguardar los derechos a la libre manifestación, expresión de opiniones e ideas y la libertad de reunión. “Esto no es sabotaje”, subrayó.
El primer párrafo de dicho artículo establece que se sancionará de 30 a 40 años de prisión y multa de 50,000 a 65,000 de salarios mínimo vigente, a quien por cualquier medio realice actos de sabotaje en los equipos, instalaciones o bienes muebles o inmuebles de la industria de los hidrocarburos.
Resaltó que se trata de una reforma de carácter estrictamente penal, en la que se consideraron opiniones de expertos académicos en la materia y de la Procuraduría General de la República, así como de funcionarios de Pemex y de las secretarías de Energía y Gobernación.
El dictamen aprobado apunta que el daño patrimonial para la industria en 2011 ascendió a 23 mil 900 millones de pesos; en 2012 a la cantidad de 33 mil 200 millones de pesos. De septiembre de 2013 a agosto de 2014, estas cifras representan aproximadamente 15 mil 300 millones de pesos.
El año pasado, apuntó el senador Fayad Meneses , la merma provocada fue por 2 mil millones de dólares, lo que representa seis veces más que el presupuesto destinado al programa de Comedores Comunitarios; cuatro por encima del Apoyo Alimentario, la mitad de Prospera y el 40 por ciento de los recursos destinados a Adultos Mayores.