La diputación federal del PRI por el estado de Colima exigió al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de esa entidad, Jorge Luis Preciado, que de cara al proceso electoral aclare su situación patrimonial.
El legislador priista Miguel Ángel Aguayo demandó que más allá “de que el panista será derrotado ampliamente por Ignacio Peralta”, del Partido Revolucionario Institucional, deje en claro ante la población "cuál es el origen de su fortuna y por qué ha mentido al presentar sus declaraciones patrimoniales".
Por separado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, a través de su coordinador, Miguel Alonso Raya, se sumó a la exigencia de que el candidato panista transparente sus ingresos y propiedades, pero advirtió que esta demanda es igual para todos los abanderados a cargos populares en Colima.
“Todos los candidatos deberían tener en orden sus declaraciones patrimonial, de impuestos y de conflicto de interés para evitar cualquier problema de esa naturaleza”, subrayó en conferencia de prensa.
En días pasados, medios de información nacionales y locales en aquella entidad documentaron con actas del Registro Público de la Propiedad que el abanderado panista posee al menos 11 propiedades en Colima cuyo monto, junto a sus cuentas bancarias y automóviles, es de más de 62 millones de pesos.
Sin embargo, en su declaración patrimonial al inicio de la campaña por el gobierno colimense, Preciado Rodríguez dijo tener cinco inmuebles, pero antes, al asumir como coordinador del PAN en el Senado, había manifestado siete propiedades.
El senador panista con licencia "pretende levantar una cortina de humo al acusar a Ignacio Peralta de ser responsable, en su calidad de subsecretario de Comunicaciones y Transportes, de la pérdida del satélite Centenario" que cayó el sábado pasado tras su lanzamiento en Baikonur, Kazajistan, indicó.
Al respecto, el vocero de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza, Rogelio Rueda, recordó a los legisladores que fue la administración federal anterior la que en febrero de 2012 firmó el contrato correspondiente.
En todo caso, agregó, lo que hizo el actual gobierno federal, en el que Ignacio Peralta se desempeñó como subsecretario en la SCT, "fue asegurar el satélite ante un accidente como el que ocurrió, de modo que se recuperará el costo íntegro del equipo.
En lugar de haber ordenado la rescisión del contrato hubiera representado una multa por 60 millones de dólares", detalló.
Al respecto, la representación del PRI en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que preside Emanuel Díaz, aseguró que se trata de “un ardid político” del Partido Acción Nacional pretender involucrar a Peralta en un tema que se gestó en el anterior gobierno federal.