Ante la ola de cuestionamientos y desconfianza en las autoridades judiciales en la capital del país. la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal denunció que funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) han incumplido medidas cautelares dictadas por la CDHDF, tanto en el caso del multihomicidio en la colonia Narvarte, como en el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exonerado por la dependencia capitalina.
La dependencia expuso: “En el primer caso, la actuación de la CDHDF obedece a la difusión de información relacionada con las investigaciones del multihomicidio de la colonia Narvarte, a través de “filtraciones” a algunos medios de comunicación, lo cual contraviene las medidas precautorias relacionadas con el tratamiento de la información personal y los datos de las víctimas. En las medidas cautelares dictadas el dos de agosto de 2015, la CDHDF le pidió a la PGJDF guardar absoluta confidencialidad en relación con la información contenida en la indagatoria; sin embargo, se han filtrado datos sensibles tanto de la investigación como de las víctimas”.
Para la presidenta de la comisión, Perla Gómez, se trata de “actos indebidos por parte de algunos servidores públicos”; “independientemente de que la PGJDF pueda iniciar sus investigaciones, la vista de estas conductas que presenta la CDHDF tiene como finalidad el analizar lo relacionado con el incumplimiento de las medidas precautorias dictadas por este organismo protector de derechos humanos”, refirió.
En el segundo caso, denunció “la actuación de algunos elementos de la PGJDF en relación con el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, al violentar el derecho a la confidencialidad de la identidad y los datos personales que les asiste a las víctimas, al compartir datos sin las medidas de protección adecuadas”.
“En este caso, personal de la PGJDF afectó los derechos de las víctimas al no resguardar debidamente la identidad, a pesar de que estaba acordada por la autoridad competente y esta Comisión pidió que los datos de las víctimas se trataran de forma confidencial”, expresó la presidenta de la CDHDF.
La ley faculta a la CDHDF a emitir medidas precautorias para evitar la consumación irreparable de las presuntas violaciones de derechos humanos y deben ser acatadas de forma inmediata, por lo que cualquier actuación contraria a ellas implica una responsabilidad de las y los servidores públicos que la incumplieron.