La mayoría de los mexicanos están insatisfechos con la democracia y menos de la mitad cree que es la mejor forma de gobierno.
De acuerdo con el estudio Latinobarómetro 2015, México ocupa el último lugar en satisfacción ciudadana con la democracia en Latinoamérica.
La encuesta, realizada del 15 de enero al 15 de febrero a más de 20 mil personas en 18 países de América Latina y el Caribe, indica que sólo el 19 por ciento de los mexicanos está satisfecho con el funcionamiento de la democracia, muy por debajo del 37 por ciento promedio a nivel regional.
México, Perú, Paraguay y Brasil son las naciones menos satisfechas con el funcionamiento de la democracia, con niveles que no superan el 25 por ciento. En cambio, Uruguay, Ecuador, Argentina y República Dominicana tienen niveles de satisfacción por arriba del 50 por ciento.
En tanto, la aprobación presidencial en México es la más baja desde 2002, con 35%, porcentaje que figura también entre los más bajos de Latinoamérica, superado por países como Uruguay con 72%, República Dominicana con 82, Panamá con 62, Nicaragua con 60, Bolivia con 71 y Chile con 49.
La aprobación presidencial en México sólo está por encima de los porcentajes de países como Venezuela con 30%, Perú con 24, Paraguay con 26 y Brasil con 29.
Las mediciones de Latinobarómetro indican que en 2002 la aprobación al presidente mexicano era de 47% y en 2006 subió a 60 por ciento, pero en 2013 bajo a 46 y ahora está en sólo 35%.
Según el estudio Latinobarómetro 2015, sólo 48% de los más de mil encuestados afirma que ésta es preferible a cualquier otra forma de gobierno, si bien esta cifra tuvo un aumento de once puntos respecto a 2013.
En países como Venezuela y Uruguay el apoyo a la democracia rebasa el 70 por ciento, mientras que en Guatemala es de 33 por ciento.
Perú (24 %), Paraguay (24 %), Brasil (21 %) y México (19 %), son los países de Latinoamérica con menor porcentaje de habitantes satisfechos con sus sistemas democráticos, según el sondeo Latinobarómetro, difundido hoy en Santiago
Los ciudadanos de Uruguay y Ecuador son los que más aprueban el funcionamiento de sus democracias según el sondeo, que señala que el 70 % de uruguayos y el 60 % de ecuatorianos están "satisfechos" con su sistema político.
El estudio midió la opinión de los ciudadanos de 18 países de América Latina sobre su grado de satisfacción y apoyo a las democracias entre 1995 y 2015.
Ambos países suramericanos son seguidos de cerca por Argentina (54 %), República Dominicana (54 %), Bolivia (48 %) y Nicaragua (48 %), con unos porcentajes muy superiores al promedio de ciudadanos latinoamericanos satisfechos con sus democracias que se sitúa en un 37 %.
La democracia en México en riesgo por corrupción
Recientemente cerca de 40 organizaciones civiles e instituciones académicas alertaron que la corrupción en México afecta “de forma severa el funcionamiento de la democracia”, y exigieron a los poderes de la Unión un marco jurídico integral anticorrupción y la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Dijeron que es imprescindible avanzar en la aprobación de nuevas leyes que precisen las facultades de las distintas instituciones que integran este Sistema, así como en la adecuación de diversas normas vigentes, con el fin de crear el marco jurídico sobre el que se sienten las bases de su funcionamiento. Exhortaron al Presidente de la República, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y a los integrantes de la Judicatura para que “ejerzan a la brevedad acciones para depurar el funcionamiento de las instituciones bajo su resguardo, de forma que contribuyan con eficacia a prevenir y castigar la corrupción”.
“El marco institucional encargado de la aplicación del Estado de derecho, indispensable en toda democracia para combatir la corrupción, no podrá lograrse en su plenitud sólo mediante un cambio de leyes. Avances reales en esta materia demandan una transformación en la integración y el funcionamiento de las instituciones que forman el Sistema Nacional Anticorrupción, de forma tal que su coordinación no sólo sea posible, sino que sea eficaz y propicie el cumplimiento de la ley en nuestro país. Si queremos terminar con la impunidad que ha permitido la expansión de la corrupción como cáncer dañino de la gobernabilidad democrática en México, una tarea de esta naturaleza no puede postergarse más”, alertaron.
El comunicado es formado por Alianza Cívica, Artículo 19, Amedi, la Benemérita de Publa, Causa Común, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Cemca, Cencos y el Colectivo por la Transparencia, entre otras organizaciones civiles.
“En el caso de la nueva Ley General de Responsabilidades, consideramos que ésta deberá definir con toda claridad los supuestos jurídicos que permitan prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia, entendiendo que la corrupción sucede (salvo en muy contadas excepciones) a través de redes integradas por servidores públicos y particulares, los cuales no sólo pueden ser empresas y empresarios deshonestos, sino sindicatos, partidos políticos y poderes fácticos, entre otros”, señalaron las organizaciones civiles en un comunicado.
Agregaron que las redes “se organizan para obtener un provecho personal –individual o colectivo, directo o indirecto, tangible o intangible— derivado del ejercicio de las atribuciones y/o de los recursos manejados por los servidores públicos, causando siempre un daño al patrimonio del país; las reformas deben crear mecanismos mucho más sólidos para incentivar y proteger a los individuos dispuestos a denunciar los actos de corrupción, de forma que se establezcan los canales adecuados para que la sociedad ejerza una vigilancia social activa sobre la actuación de servidores públicos y particulares deshonestos”.
Dijeron que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción debe contemplar tres elementos:
1. El fortalecimiento de las facultades de investigación de los auditores internos y externos –tanto en la Secretaría responsable de la materia, como en la Auditoría Superior de la Federación—para identificar redes de corrupción a partir de la evidencia disponible;
2. La construcción eficaz de pesos y contrapesos entre las instituciones y las personas que formarán parte de la mesa rectora del Sistema, incluyendo de manera destacada la participación de los ciudadanos;
3. El diseño y la implementación de un Secretariado Técnico capaz de obtener y producir información sobre la materia, que tenga la obligación de emitir informes periódicos que den cuenta de los avances del sistema y de formular las recomendaciones de corrección de procesos e inteligencia institucional para mejorar los medios que el Estado mexicano utiliza para combatir la corrupción. Para ello consideramos imprescindible que las instituciones a las que hagan referencia dichos informes tengan la obligación de responder puntualmente las observaciones del secretario técnico.
“Reconocemos que el Constituyente Permanente estableció que dentro de este comité debe garantizarse un espacio para la participación ciudadana. Dicho representante deberá trabajar en la elaboración y coordinación de la política pública de combate a la corrupción impulsada por los órganos que conformarán el Sistema, en conjunto con los otros miembros del comité –los representantes respectivos de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial”, dijeron las organizaciones,
Sin embargo, agregaron, “consideramos que para que esta participación ciudadana honre el espíritu de la vigilancia social sobre las acciones de combate a la corrupción, es fundamental que el representante ciudadano presida las sesiones de este Sistema”.
Finalmente, expresaron, “es necesario subrayar que estos esfuerzos jurídicos no podrán ser eficaces si no se transforma radicalmente el funcionamiento de las instituciones que engloban al Sistema Nacional Anticorrupción. Esta transformación requiere acotar al máximo la politización de su integración para dar paso a un verdadero servicio civil de carrera que permita garantizar la capacidad técnica e integridad de los funcionarios encargados de ejercer las facultades del nuevo marco jurídico para el combate a la corrupción. En esta transformación tanto el poder Ejecutivo como el Judicial están llamados a ejercer un liderazgo que esté a la altura del reto que enfrenta el país en esta materia”.