Cuando un individuo es encarcelado, es común que la estabilidad emocional y económica de sus parientes se vea seriamente afectada. Los efectos negativos se manifiestan de varias formas: inseguridad de empleo y de vivienda; depresión y otros trastornos psicológicos, así como crisis económicas y alimentarias. Todo ello genera una segregación social y un desamparo institucional, sostiene.
Lo anterior fue señalado por el diputado Waldo Fernández González, quien agregó que la economía doméstica de las familias es mermada por los gastos en apoyo al recluido en la cárcel. El interno significa para la familia nuevas erogaciones en materia de costos legales en su proceso judicial, alimentación y salud.
“La colectivización del trabajo es un proceso al cual se integran gran parte de las familias de internos penitenciarios, en aras de mantener su funcionamiento. Padres, esposas e hijos reorganizan su distribución de ingresos-egresos dentro del hogar, involucrándose, con ese fin, en diversas actividades informales para hacer frente a sus gastos y los del encarcelado”, apunta.
Otra consecuencia contraproducente es que el acceso a sistemas de crédito se dificulta entre las familias de internos. Por un lado, estos núcleos sociales devengan ingresos mínimos y, por el otro, las nuevas erogaciones derivadas del encarcelamiento de uno de los suyos frenan cualquier posibilidad de programación crediticia.
Asimismo, “la estigmatización es una realidad que socialmente deben enfrentar las familias de internos penitenciarios, con críticas y acusaciones en su contra e impacto directo sobre sus posibilidades de encontrar un buen empleo”.
El diputado perredista refiere que los familiares de los encarcelados suelen tener percepciones ambivalentes de la información que los medios de comunicación dan a conocer sobre los penales y los internos.
En este contexto el diputado promueve una iniciativa para crear un patronato de asistencia integral a familiares de internos en penales de la República, dando especial atención a menores de edad y adolescentes, y en el que participen organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior.
Para conseguirlo, propone modificar la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, dado que, “en México, condenar a una persona, también es condenar a su familia”.
EL SISTEMA PENITENCIARIO
Por años la respuesta del Estado mexicano al delito ha sido preponderantemente el encarcelamiento, es entonces pertinente preguntarse, ¿cuáles han sido los costos de este enfoque?
De cuerdo con datos del INEGI, para julio de 2015 el número de personas privadas de su libertad en México fue de 254,705, distribuidas en 388 centros federales y estatales. Sin embargo, el sistema penitenciario sólo tiene capacidad para 203 mil personas, lo que representa una sobrepoblación del 25.4%. Esta situación se agrava en el caso del Distrito Federal donde existe una sobrepoblación de casi el doble. Es importante señalar que el problema de sobrepoblación se acentúa en las prisiones del fuero común, ya que muchas veces éstas se hacen cargo de internos del fuero federal. Durante los últimos años el crecimiento del número de personas en la cárcel ha sido constante y no parece haber signos de que esta situación cambie: el 42% del total se encuentra en prisión preventiva, es decir aún no ha recibido sentencia, y las estadísticas muestran un mínimo uso de sanciones distintas a la cárcel por lo que la privación de la libertad continúa como la única respuesta del sistema de justicia al crimen.
Lo anterior es grave, consideraron analistas del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. CIDAC, “si consideramos que el 55.9% de los internos se encuentran recluidos por el delito de robo por pequeños montos, y que el 47% de los internos declaró haber sufrido coacción física para cambiar su declaración. Dado el perfil de la mayoría de los internos el uso abusivo de la prisión no resulta óptimo, sobre todo si consideramos que el costo promedio de una investigación penal en México es de entre 12 y 14 mil pesos, y el proceso penal de 18 mil pesos. Por otra parte existe la posibilidad de resolver un conflicto por medio de mecanismos alternos con un costo promedio de tan solo 1,500 pesos. En relación con lo anterior, a partir de la reforma penal de 2008 se introdujeron métodos alternativos de solución de controversias –acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso- para una clase específica de delitos como los culposos o los patrimoniales -dentro de los que se encuentra el robo sin violencia-, es decir, mecanismos que evitan llegar a juicio oral y prevén medidas diversas a la prisión”.
Por otro lado, es importante señalar que la misma reforma, prevé beneficios penitenciarios, es decir, beneficios a los que puede acceder una persona que ha sido sentenciado y se encuentra en la cárcel, como reclusión domiciliaria, tratamiento pre-liberacional y libertad anticipada. Sin embargo, el bajo uso de estas alternativas se debe principalmente a que los Ministerios Públicos, Jueces y hasta las propias víctimas carecen de una capacitación apropiada para implementarlas. Además, el uso de la prisión como único castigo está arraigado en la cultura judicial de nuestro país y tomará tiempo romper con su predominancia en las instituciones de impartición de justicia.
Según el estudio de CIDAC, la sobrepoblación del sistema penitenciario se ha traducido en costos económicos, sociales y de capital humano para el Estado mexicano.
En este contexto, es relevante destacar la omisión del Congreso respecto de la obligación de emitir la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales. Esta obligación tiene dos años de retraso, pues existe desde el 8 de octubre de 2013 y su ausencia compromete la adecuada operación del sistema acusatorio, principalmente porque no existe regulación nacional respecto de una de las nuevas figuras del sistema: el juez de ejecución penal. Además, ante el uso abusivo de la cárcel es necesario que esta ley contemple mecanismos que permitan focalizar su uso en caso de delitos graves y contemplar respuestas distintas a delitos menores. La ley aportaría mucho si además obligara a las entidades y a la Federación a desarrollar herramientas que contribuyan a la reinserción exitosa de los internos en la sociedad. Hasta ahora, el sistema penitenciario ha fallado en este ámbito: para 2013, el 17.9% de los internos eran reincidentes, en el caso del Distrito Federal y el Estado de México la reincidencia se eleva hasta el 33%.