La desvinculación del salario mínimo de multas, sanciones administrativas y créditos hipotecarios entre otros, implicaría modificar dos mil 438 ordenamientos legales a niveles federal y estatal, lo cual va a permitir una recuperación progresiva del poder de compra de la población.
Los presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jesús Zambrano Grijalva y Daniel Ordoñez Hernández, respectivamente, aseguraron que será un hecho la aprobación de la minuta de desindexación de esta percepción económica por el pleno.
Dieron a conocer que será el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el que va a precisar “la unidad de medida” y cuánto va a costar.
En entrevista por separado, coincidieron que una vez aprobada la minuta por el Congreso de la Unión deberá recibir el visto bueno de 17 Congresos locales para que se apruebe plenamente esta reforma Constitucional y se haga el decreto correspondiente.
Los legisladores indicaron que este proceso deberá estar concluido antes de que se reúna la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) para fijar el porcentaje de incremento salarial.
Daniel Ordoñez Hernández, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dijo que espera que los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias apoyen esta minuta que es de suma importancia para todos los mexicanos.
“El salario mínimo va a ser utilizado para lo que debe de ser utilizado, como una medida para que el trabajador sepa cuál es su mínimo de ingreso”, subrayó.
Hizo notar que la minuta de la colegisladora trae dos observaciones y seguramente en los próximos días vamos a convocar a la Comisión de Puntos Constitucionales para discutirla y elaborar el dictamen correspondiente y ponerla a consideración del pleno en 10 días.
La idea de esta iniciativa, una vez aprobada, es que el salario mínimo tenga un repunte de tres veces su valor actual.
Aseguró que esta propuesta le conviene a los empresarios y que los trabajadores ganen bien, ya que habrá mayor consumo, fluidez efectivo y eso va a permitir una sociedad que va a poder estar consumiendo.
Por separado Jesús Zambrano Grijalva, dijo que esta minuta debe ser aprobada cuanto antes, es decir, durante noviembre a más tardar y afortunadamente ha recibido apoyo de los demás grupos parlamentarios.
Insistió en que esta reforma constitucional debe recorrer el proceso de los estados y antes de que la CNSM tome su decisión de cuánto va a ser el alza al salario mínimo y eso ocurre tradicionalmente en diciembre.
Lo que requerimos es una mejoría inmediata, aunque sea gradual y avanzar en ese 23 por ciento que se requiere para adquirir el mínimo de la canasta alimentaria básica señalada por organismos internacionales.
Así como por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para que se pudiera tener un ingreso mínimo satisfactorio. “Es decir que anduviéramos por los 86 pesos diarios”, enfatizó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Daniel Ordoñez Hernández, señaló que hay condiciones para dictaminar lo más pronto posible la minuta señalada que aprobó el Senado de la República con cambios.
El diputado federal perredista indicó en un comunicado que se analizarán y atenderán los ajustes aprobados por la colegisladora en virtud del consenso que existe en relación a este tema y a la relevancia del mismo.
Se congratuló porque la desindexación salarial sentará las bases para impulsar un aumento gradual del salario mínimo y atender así el mandato constitucional que plantea que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe de familia.
Puntualizó que entre los cambios que hicieron los senadores a esta minuta están los del artículo segundo transitorio que plantea que "el valor inicial diario de la UMA (Unidad de Medida de Actualización) será equivalente al salario mínimo general vigente en todo el país".
El segundo ajuste se aplicó al artículo quinto transitorio del dictamen, el cual fija un plazo de 120 días naturales para que el Congreso emita la legislación reglamentaria que determine el valor de la UMA, pero mientras ocurre eso, se plantea la aplicación de un método para actualizar la UMA.