El regreso del PRI a la presidencia no ha significado mejores condiciones de vida, crecimiento económico, seguridad y paz pública, afirmó el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri.
“Se ha despojado al país de su patrimonio y en medio de una crisis severa de violaciones a los derechos humanos, no impera el Estado de derecho. Por razones como éstas, éste es el gobierno con el menor nivel de aceptación registrado históricamente (30 por ciento)”, aseveró.
Subrayó que la economía sigue sin crecer, a pesar de las expectativas ofrecidas por las llamadas reformas estructurales.
“Más personas han caído en situación de pobreza; la desigual distribución del ingreso cada vez se profundiza más y las finanzas públicas se mantienen a flote no por la fortaleza de la economía o por la honradez en la administración pública sino por un endeudamiento de casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) y por la recaudación de los contribuyentes cautivos”, agregó.
En el marco de la próxima comparecencia de Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública, el diputado perredista dijo que es de llamar la atención que justo a la mitad del sexenio siga imperando en el país una situación de inseguridad generalizada.
“El crimen organizado sigue controlando porciones del territorio nacional y cuenta con la colaboración de autoridades en diferentes niveles de gobierno; se han registrado 57 mil ejecuciones en 32 meses del gobierno actual, hay más de 25 mil personas desparecidas y más de 250 mil desplazados por la violencia”, destacó.
Aunado a eso -comentó Martínez Neri- “la reforma energética significó perder la soberanía sobre uno de nuestros recursos naturales más preciosos y desmantelar la industria que por décadas sostuvo el desarrollo nacional y generó ingresos para el sector público”.
El líder parlamentario aseguró que “ha sido nula la actuación de la SFP ante esto. En parte por la debilidad institucional, la demora que ha habido en el proceso para construir un marco efectivo de combate a la corrupción, pero también por la falta de voluntad política para ofrecer un gobierno honrado y eficaz”.
“La efectividad de la SFP durante la gestión de Virgilio Andrade es de llamar la atención, pues dentro de sus ´logros´ se congratula por la exoneración presidencial con respecto a la denominada ´Casa Blanca´. Y después de ello sólo se ha remitido ha imponer sanciones pequeñas a funcionarios de niveles menores”, aseveró.
Finalmente, el legislador por Oaxaca aseguró que en esta legislatura el PRD buscará que esto cambie.
“El Congreso tiene ante sí el reto de construir las instituciones que hagan efectivo el ejercicio transparente y eficaz de los recursos públicos, una efectiva y oportuna fiscalización de su ejercicio y la aplicación de sanciones ejemplares a los servidores públicos”, externó.
Aseveró que incluso se consideran sanciones para los particulares que defrauden la confianza depositada en ellos y mediante actos de corrupción utilicen de forma indebida e ilegal el patrimonio de todos los mexicanos.
LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO
El fenómeno de la corrupción en México es complejo ya que, a pesar de ser un lastre para el desarrollo económico, el que se extienda a prácticamente todas las esferas de la sociedad -–tanto públicas como privadas– lo convierte en una práctica sumamente complicada de abatir. Los diversos escándalos en que se presume corrupción, desde el caso de la Casa Blanca, el caso Oceanografía y Pemex, las concesiones de OHL en el Estado de México o las acusaciones de los “moches” de los partidos políticos en el Congreso, demuestran cómo la sombra del fenómeno es generalizada, indica el reciente análisis “La corrupción en México: práctica extendida, más no indomable”, del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. CIDAC.
Debido a su naturaleza multidimensional resulta complicado estimar puntualmente la problemática. Se calcula que el costo anual de la corrupción oscila entre el 2 y 10% del Producto Interno Bruto, lo cual equivale a 26 y 130 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, se estima que en promedio las familias mexicanas destinan el 14% de sus ingresos mensuales a la corrupción, añade el informe.
Por otra parte, la corrupción también se percibe como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de negocios en México, inclusive por encima de la regulación tributaria, la burocracia o el delito. Además, México ocupa el lugar 103 de 175 economías evaluadas por el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, y el último lugar de los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Si bien todos los datos anteriores son estimaciones y aproximaciones del alcance de la problemática, se puede concluir que las consecuencias de la corrupción pueden ser mayores y, por consiguiente, más costosas.
Ante este contexto, es pertinente preguntarse, refiere el análisis, cuáles son los incentivos que fomentan que la corrupción sea una actividad con un alto grado de rentabilidad. Un grave error sería asumir, como lo hizo el Presidente Enrique Peña Nieto en su momento, que la corrupción es parte de la “condición humana” pues ello implicaría que su existencia es inevitable. Por el contrario, como lo demuestra la experiencia internacional, la disminución de los índices de corrupción es posible, y en su combate hay dos factores decisivos: la voluntad política y un adecuado diseño institucional. Un combate efectivo a la corrupción no comprende exclusivamente un conjunto de buenas intenciones, sino contar con las instituciones, incentivos y mecanismos que inhiban y castiguen estos comportamientos sin distinción, y que lo hagan de manera sostenible e independiente a los ciclos o revanchas de carácter político. En particular, destacan dos elementos clave: instrumentos de transparencia que permitan identificar las prácticas corruptas y un marco regulatorio y legal que castigue estas conductas.
LA FALTA DE SANCIONES
La respuesta del Ejecutivo ante los escándalos de corrupción fue la aprobación de las reformas constitucionales que dieron pie al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en mayo de 2015. De acuerdo al Presidente Peña, este sistema garantizará la identificación y el castigo a los actos de corrupción. Sin embargo, es pertinente hacer la siguiente reflexión: ¿realmente se necesita un Sistema Nacional Anticorrupción? Dicho cuestionamiento no es trivial, especialmente si se toma en cuenta que el Código Penal Federal, los códigos penales locales y las leyes de responsabilidades de servidores públicos tipifican delitos cometidos por servidores públicos –los cuales incluyen conductas como el enriquecimiento ilícito, el peculado o el cohecho– en los que los actos de corrupción son rara vez sancionados en nuestro país. La cifra negra, i.e. el porcentaje de delitos de corrupción cometidos pero no castigados, se encuentra alrededor del 95%.
El gran riesgo del SNA es que éste derive en un mecanismo de simple simulación. Por ello, los mecanismos de fiscalización del SNA están condicionados al desarrollo de capacidades de los operadores, lo cual significa contar con ministerios públicos y juzgadores especializados en delitos de corrupción. Lo anterior se vuelve fundamental si se considera que este tipo de conductas ilícitas son cada vez más sofisticadas. Ejemplo de ello es el aprovechamiento de instrumentos financieros con participación de capital público y privado en los que, por medio de resquicios en las regulaciones de transparencia, se reserva información sobre el contenido de contratos y términos de referencia y se da pie a una malversación de fondos en fideicomisos privados.
Aunado a esto, el SNA ha sido criticado por sólo enfocarse en la fiscalización y castigo del sector público, asumiendo que la corrupción proviene principalmente de los empleados del gobierno. En este sentido el SNA decide ignorar el hecho de que en una gran parte de los casos, el sector privado no sólo participa, sino que posibilita e incentiva la comisión de actos de corrupción. Un diagnóstico acertado del problema de corrupción en el país, que posibilite la implementación de medidas eficaces para su combate, debe necesariamente partir de la premisa de que la “corrupción no empieza ni termina en el sector público. Es un problema de oferta y demanda”. Como ejemplo de lo anterior, las empresas mexicanas se encuentran entre las que más gastan en actos de corrupción a nivel internacional.
EL ALCANCE DE LA CORRUPCIÓN
Los arreglos institucionales dejan entrever cada vez más vacíos en el marco regulatorio que no sólo incentivan este tipo de comportamientos, sino que utilizan la ley para perpetuarlos. Un ejemplo claro es la posibilidad de bursatilización de la deuda de los estados y municipios. Ante la escasez de fuentes de financiamiento, los estados y municipios pueden crear fideicomisos para emitir certificados bursátiles con el fin de tener acceso a fuentes alternas de financiamiento en el mediano y largo plazo –al primer trimestre de 2014, las obligaciones financieras de las entidades y municipios por concepto de emisiones bursátiles y fideicomisos alcanzaron alrededor de los 87 mil millones de pesos. Asimismo, el gobierno federal acumula 482 mil millones de pesos en fideicomisos al año 2014. Tan sólo en 2013, el Congreso del estado de Chihuahua aprobó la emisión de certificados bursátiles por 15 mil 540 millones de pesos, mismos que fueron utilizados para liquidar deuda carretera y crear un fideicomiso a treinta años.