El proyecto del ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar en torno a la legalización de la mariguana, provoco amplio debate sobre el paradigma prohibicionista vigente y las posibilidades de un mercado legal de marihuana en México. Sin embargo, las implicaciones que tendrá la decisión de la Corte, en el corto y mediano plazo, en la creación de un mercado legal de marihuana en México son más limitadas de lo que se ha discutido hasta el momento.
Como primer paso es necesario revisar la regulación vigente en materia de drogas, particularmente en el caso específico de la marihuana. El consumo de marihuana y, de hecho, de cualquier otra droga ilegal, no se encuentra tipificado como delito en México, (hasta este miércoles). Sin embargo, sí lo están todas aquellas conductas vinculadas y necesarias para su consumo, llámese posesión, producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, prescripción, financiamiento, supervisión, fomento, y publicidad o propaganda. En la práctica esto resulta en la imposibilidad de consumir marihuana sin cometer algún tipo de conducta penalizada. Entre 2009 y 2014 en México fueron detenidas 176 mil personas por posesión y 156 mil más por consumo. En 2014 las detenciones por posesión y consumo representaron el 65% de las detenciones federales por delitos de drogas. De acuerdo con los datos más recientes disponibles del sistema penitenciario, el 62% de la población carcelaria en 2012 estaba sentenciada por delitos de drogas y el 58.7% de éstos fueron sentenciados por actividades vinculadas con la marihuana.
En este contexto, aunque el consumo no se encuentra penalizado, los consumidores detenidos son procesados penalmente como narcomenudistas, luego entonces los argumentos del Ministro Zaldívar giraron en torno al derecho humano de libre desarrollo de la personalidad, cuyo pleno ejercicio se vería restringido ante la prohibición del consumo de marihuana.
De acuerdo con los argumentos que presentó el ministro Zaldívar, la prohibición era una medida innecesaria y desproporcionada al existir alternativas regulatorias que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad que el actual enfoque prohibicionista. Ejemplos de estas alternativas se pueden observar en España, Uruguay o algunos estados de Estados Unidos.
Además de restringir la capacidad del Estado para interferir en la vida privada de las personas, el proyecto del ministro Zaldívar reconoce al consumo de marihuana como un tema de salubridad y resalta la obligación del Estado de garantizar la salud pública. En este sentido, dicho proyecto es congruente con el debate reciente en la materia que insiste en abandonar la idea de que las drogas son un tema de seguridad pública para abordarlos como un asunto de salud.
Ahora que se voto a favor, de acuerdo a especialistas; el proyecto representaría el primer cambio de dirección en lo que hasta ahora han sido casi cien años de una política prohibicionista que se remite a la primera ley prohibitiva mexicana expedida en 1926. Sin embargo, es importante considerar que los alcances de esta decisión serán limitados y no necesariamente implicarán un cambio mayor en la política de drogas en el país; al menos no en el corto plazo.
Ahora que los Ministros votaron el proyecto a favor y declararon inconstitucionales los artículos correspondientes de la Ley General de Salud, la decisión no tendrá efectos generales; es decir, únicamente beneficiaría al grupo de personas que integran SMART. Eso significaría que sólo los miembros de SMART podrían cultivar marihuana para su consumo personal, siempre y cuando no realicen ninguna actividad de tipo comercial. Si bien todavía sería necesario regular la operación de este arreglo, es probable que SMART funcione como lo hacen actualmente los clubes de autoconsumo en España.