La masacre de 72 migrantes centro y suramericanos y la masiva desaparición de pobladores de una localidad del norte de México serán investigadas por académicos del Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV, gubernamental).
La comisión investigadora realizará un "ejercicio de búsqueda de la verdad", dijo el jueves en rueda de prensa la exvicecanciller Marieclaire Acosta, quien como experta en derechos humanos será asesora del proyecto.
Los resultados de la investigación no serán vinculantes, sino que sus recomendaciones serán entregadas a la CEAV para que sean ejecutadas por el Estado mexicano.
Y "a la sociedad explicaremos por qué sucedió lo que pasó y quién dejó de hacer lo que se debió haber hecho", dijo Sergio Aguayo, politólogo del Colegio de México y coordinador de los trabajos.
El 27 agosto de 2010, un grupo de 72 migrantes, la mayoría centroamericanos, fueron asesinados por presuntos miembros del violento cartel de los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, cuando se dirigían a la frontera con Estados Unidos, a menos de 180 km, para cruzar ilegalmente.
El 18 de marzo de 2011, en Allende, Coahuila, se registró la desaparición masiva de pobladores y, aunque la fiscalía local señala que se trató de 28 personas, hay denuncias de que podrían ser "más de 300", según Aguayo.
El politólogo explicó que se decidió investigar estos dos casos por tratarse de "masacres emblemáticas" y "radicalmente opuestas", porque mientras la de San Fernando se conoció en lo inmediato y desató una denuncia internacional, la de Allende estuvo "rodeada por el silencio" y sólo tiempo después se conoció.
La investigación se realizará principalmente mediante el análisis de documentos oficiales de ambos casos, visitas a Allende y San Fernando y entrevistas con familiares de víctimas.
Los resultados se conocerán en un libro electrónico que será publicado por el Colegio de México y que será difundido también en Centroamérica y otros países sudamericanos de donde eran originarias las víctimas.
Si bien este proyecto no tiene los alcances de una comisión de la verdad, "permitirá construir las condiciones para que prevalezca el derecho a la verdad que está faltando en México y que es la única vía de acceder a la justicia y a la reparación del daño", dijo Acosta.
En el caso de San Fernando, "ya se inició un proceso que llevará a la reparación integral del daño, aunque nunca podremos reparar lo que allí sucedió. Iremos a Brasil, El Salvador, Guatemala a conocer la situación de estas víctimas (familiares) y tener un plan de reparación", dijo de su lado Jaime Rochín, comisionado presidente de la CEAV.
Un centenar de personas han sido detenidas por estos casos pero no se han conocido mayores detalles de los procesos y de las sentencias.
Desde 2006, más de 100.000 personas han sido asesinadas o han desaparecido como resultado de la violencia ligada al narcotráfico.
APRUEBA SCJN AMPARO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un amparo que ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir las investigaciones sobre las matanzas de migrantes extranjeros ocurridas ente 2010 y 2011 en San Fernando, Tamaulipas.
El 22 de agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Guatemala, El Salvador y Brasil fueron asesinados presuntamente por miembros del cártel de los Zetas en un rancho del municipio de San Fernando, estado nororiental de Tamaulipas, y durante 2011 se encontraron fosas con decenas de cuerpos más.
Por unanimidad, la Primera Sala de la SCJN instruyó a la PGR a entregar copias de las averiguaciones a dos salvadoreñas que perdieron a su hijo y a su hermano, respectivamente, en las matanzas.
Familiares de las víctimas han solicitado acceso al expediente de las matanzas desde hace más de cinco años.
El fallo de la SCJN otorga a Bertilia Parada, madre de Carlos Osorio, y Alma Yesenia Releageño, hermana de Manuel Antonio, el derecho a ser tratadas como víctimas y no realizarse exámenes de ADN para demostrar sus vínculos con su hijo y hermano.
El amparo otorgado a las salvadoreñas les permite también sacar copias y peritajes sobre los hechos, y reconoce su derecho a la reparación del daño.
Sin embargo, la Corte rechazó la petición en contra de la cremación de los restos de sus familiares y no aceptó reconocer como víctima e interesada legalmente, para conocer del asunto, a la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, representante legal de las mujeres.
Tampoco reconoció que el asesinato de migrantes, la mayoría centroamericanos, entre 2010 y 2011 en San Fernando constituye un delito contra la humanidad.