Dos agentes de la Policía Federal de México habrían participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, informó este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), implicando por primera vez a fuerzas federales en este controvertido caso.
Citando un testimonio no identificado, la comisión aseguró que tiene evidencia para "presumir la participación de elementos de la policía municipal de Huitzuco y de dos elementos de la Policía Federal", dando un giro a esta investigación que ha sido blanco de duros cuestionamientos por parte de organizaciones internacionales e investigadores independientes.
Eso abre una "segunda ruta de desaparición" de los jóvenes, es decir, una nueva línea de investigación que las autoridades deberían explorar, dijo Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.
La fiscalía general dijo en un comunicado que "profundizará en esta línea de investigación" y que estableció medidas cautelares para preservar la integridad del testigo que reveló está nueva versión.
Esta dependencia ha dicho hasta ahora que los estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa fueron atacados a balazos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala por policías corruptos de esa ciudad y de la vecina Cocula, luego de que los jóvenes se apoderaron de cinco autobuses para realizar protestas.
Siempre según la versión oficial, los jóvenes fueron capturados por policías municipales y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado, incinerado y arrojado sus restos a un río aledaño.
La investigación oficial "no tiene verdad. En el basurero de Cocula no hay verdad", dijo de su lado este jueves Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 desaparecidos, quien sostuvo que ahora se confirma la participación de corporaciones federales, tal como lo habían denunciado antes los familiares de las víctimas.
Ahora, la CNDH involucra por primera vez a los elementos de la Policía Federal y a agentes de Huitzuco, un municipio aledaño a Iguala.
Se trata de "la más cruda expresión del horror y del enorme poder corruptor que pueden lograr las organizaciones delictivas de nuestro país", dijo González Pérez.
- Enfrentamiento con piedras, ramas y gases lacrimógenos -
El testigo, al que la comisión calificó de "confiable", observó a los agentes de la Policía Federal frente al Palacio de Justicia de Iguala, en una zona conocida como Puente El Chipote, donde agentes municipales detuvieron uno de los autobuses tomados por los estudiantes.
Ese vehículo transportaba rumbo a la escuela de Ayotzinapa entre 15 y 20 estudiantes, uno de ellos, Alexander de la Mora, el único de los 43 jóvenes desaparecidos cuyos restos fueron identificados plenamente.
Los policías de Iguala, que iban encapuchados, habrían abierto fuego contra los neumáticos del autobús hasta obligarlo a detenerse. Luego, rompieron las ventanas del vehículo con ramas y lanzaron al interior gases lacrimógenos, según el testigo.
Aunque los estudiantes intentaron defenderse con piedras, fueron obligados a descender para luego ser golpeados, esposados y arrojados violentamente al suelo boca abajo.
Los agentes policiales se llevaron a los estudiantes en patrullas, incluyendo tres de Huitzuco, según el testimonio de la CNDH.
- "El patrón" -
Esas patrullas fueron interceptadas por los dos agentes de la Policía Federal, quienes preguntaron sobre el procedimiento.
"Se los van a llevar a Huitzuco, allá que el patrón decida qué hacer con ellos", habrían respondido los policías municipales, según la CNDH. Esta respuesta bastó para que los agentes federales los dejaran pasar.
Los uniformados federales "habrían permitido que dos corporaciones municipales actuaran en una zona federal, aprobando que los normalistas (estudiantes) sean llevados ante quien identifican como 'el patrón', posible líder de una organización criminal y quien resolvería sobre su destino", lamentó José Larrieta Carrasco, titular de la oficina para el caso Iguala de la CNDH.
La comisión dijo tener el nombre de uno de los agentes federales, del cual informó a la fiscalía general.
La fiscalía asegura que los integrantes de Guerreros Unidos confundieron a los estudiantes con miembros de un cártel rival, por lo que los habrían incinerado en un basurero de Cocula.
Pero un grupo de investigadores independientes enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense descartaron que existiera evidencia de un fuego de tal magnitud en el basurero.
Este caso ha sido uno de los desafíos más grandes que enfrenta el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues ha causado multitudinarias protestas y un deterioro de la popularidad del mandatario
LA INVESTIGACIÓN
Las investigaciones ponen de relieve la cooptación de agentes de diversas corporaciones policiales por el crimen organizado en vastas regiones del Estado de Guerrero, particularmente en el Municipio de Iguala, Cocula y, presumiblemente, en el de Huitzuco. En las investigaciones para esclarecer lo sucedido en el “Puente del Chipote”, la CNDH logró la confianza y las declaraciones de un testigo presencial y no partícipe de los hechos respecto del que, para salvaguardar su vida y seguridad personal, solicitó a las autoridades la reserva de su identidad y la protección y seguridad correspondiente.
Su testimonio espontaneo y libre estaría corroborado por diversas pruebas agregadas al expediente. La noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús “Estrella de Oro” 1531, fue forzado a detenerse en el “Puente del Chipote”, por agentes encapuchados de la Policía Municipal de Iguala, Gro. Los entre 15 a 20 normalistas que viajaban en la unidad, fueron obligados a descender, incluso con gases lacrimógenos y agredidos física y verbalmente. A instancia de la Policía Municipal de Iguala, arribaron al lugar tres patrullas, presumiblemente, del Municipio de Huitzuco. En ellas y en una más de la Policía de Iguala, los normalistas comienzan a ser subidos. En ese momento, llegan dos patrullas de una tercera corporación policial: la Policía Federal.
De dichas patrullas, descienden 2 agentes que luego tienen un intercambio verbal con 3 agentes de la Policía Municipal de Iguala. Del diálogo sostenido se desprende que por el consenso de los intervinientes, los normalistas serían llevados al Municipio de Huitzuco ante la presencia de una persona a quien se identifica como “El Patrón”, individuo que pudiera ser el líder de una organización criminal y quien decidiría sobre su destino. Los estudiantes terminaron de ser subidos a las 4 patrullas las cuales se desplazaron sobre la carretera con dirección a Chilpancingo. Esa fue la última ocasión en que los normalistas fueron vistos.
Relacionado con los hechos del “Puente del Chipote”, el GIEI, en su Informe del 6 de septiembre de 2015, proporcionó una lista de los alumnos que, según su investigación, viajaban en el autobús 1531, entre ellos, destaca el nombre de Alexander Mora Venancio. La autoridad ministerial federal tendría que establecer los pasos subsecuentes en la Ruta de desaparición de los estudiantes desde el “Puente del Chipote” y confirmar o no su paso por el Municipio de Huitzuco. El pasado 15 de marzo, la CNDH solicitó formalmente al GIEI el soporte documental de sus investigaciones y conclusiones para que sea incorporado formalmente al expediente de este Organismo Nacional y valorado integralmente junto con las pruebas existentes.
La CNDH está pendiente de la atención que el GIEI brinde a esta petición. En relación con los hechos del “Puente del Chipote”, representantes de Personas Morales habrían omitido proveer la información requerida por esta Comisión Nacional y, al propio tiempo, obstaculizar sus investigaciones de Violaciones Graves a Derechos Humanos. Del mismo modo, se abstuvieron de proporcionar información al Ministerio Público de la Federación, con lo cual también habrían obstruido las investigaciones de delitos y de sus autores. Con dichas acciones, los representantes de esas Personas Morales habrían contribuido con la organización criminal involucrada en los hechos y, en algún sentido, encubierto a probables responsables. La PGR tendría que determinar la eventual responsabilidad de dichos representantes. Bajo criterios de confidencialidad, urgencia e inmediatez, esta Comisión Nacional entregó formalmente, bajo reserva, a la PGR una carpeta con las evidencias relacionadas con los hechos que se dan a conocer y, además, una propuesta de diligencias que para ese momento resultaban urgentes.