Ante el inminente juicio de desafuero de la diputada panista Lucero Guadalupe Sánchez López, mejor conocida como la “Chapodiputada”, el periodo extraordinario de sesiones abordará este penoso tema; sin embrago el tan anunciado desafuero de la diputada se ha prolongado. ¿Será que de nueva cuenta los tentáculos del crimen organizado estén inmiscuidos o soló se tratará de un engorroso trámite burocrático?
En entrevista con Eduardo Ramos Fusther, conductor de El Punto Crítico Radio, el diputado federal por el Partido Acción Nacional, Jorge Triana Tena, explicó las diferencias entre juicio de desafuero y juicio político.
El Juicio de Declaración de Procedencia, mejor conocido como “juicio de desafuero” aplica para los funcionarios públicos que cuentan con inmunidad procesal, es una facultad que otorga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; el ministerio público no puede fincarle responsabilidades procesales, para ello se solicita a la Cámara de Diputados el desafuero; la Cámara cuenta con un órgano interno conocido como la Sección Instructora que le permite a los diputados acusar y juzgar al implicado.
En este contexto, la próxima semana se va presentar un Juzgado de Procedencia para determinar si procede o no retirarle el fuero de dicha diputada para que después entre la Procuraduría General de la República PGR a ejercer acción penal, explicó el diputado panista.
El Juicio político es más complicado, pues en el procedimiento entra también la Cámara de Senadores, además de la Cámara de Diputados; en este caso, cualquier ciudadano puede iniciar un procedimiento de juicio político contra cualquier servidor público ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, el expediente se turna a la Sub Comisión de Examen Previo, que analiza la procedencia del expediente, ésta a su vez lo turna a la Sección Instructora, después pasa al pleno de la Cámara de Diputados quien acusa al servidor público. Esta vez quien juzga es la Cámara de Senadores.
Hasta la fecha existen 319 expedientes de juicio político que no han sido atendidos desde el 2003. En el caso de los desafueros, son atendidos conforme van llegando las solicitudes, el juicio de desafuero más reciente fue el de Andrés Manuel López Obrador en el 2005, refirió el legislador panista.
El fuero fue instaurado para proteger la opinión de los diputados en tiempos de la revolución, ya que era muy fácil encarcelar a un diputado por sus dichos en tribuna, esta facultad se deformó en un garante de impunidad, que aprovechándose de su inmunidad procesal, cometen cualquier tipo de delitos.
La consecuencia del juicio político es la remoción del cargo del funcionario público, “ustedes pensarán que son demasiados expedientes 319 casos almacenados, aquí ha pasado tanto tiempo que ya los servidores públicos dejaron el cargo y los juicios prescriben, han pasado trece años sin que nadie se haya dignado a leer esos expedientes, que están atrapados en la Sub Comisión de Examen Previo”, señaló Triana.
“En esta Legislatura se está exhortando a los dos presidentes de la Sub Comisión de Examen Previo, que son los de la Comisión de Justicia y la Comisión de Gobernación, a que se pueda sesionar respecto a estos 319 expedientes, desconocemos quienes son las personas que están en esos documentos, y revisar si aún esos servidores públicos ejercen el cargo en que fueron denunciados, el objetivo es trabajar con los expedientes más recientes y darles cause, en específico al actual gobernador de Veracruz que tiene más de tres expedientes con solicitud de juicio político, aquí el punto, es que no puede ser revisado ese documento hasta que los procedimientos previos no sean atendido. Ya se presentó un punto de acuerdo para que llamen a sesión de pleno y darle tramite a cada uno de estos expedientes”, apuntó.
Es importante que durante el debate de la ley de corrupción se planté un nuevo esquema de trámite para agilizar y flexibilice el procedimiento de juicio político, poner candados adecuados para que no haya excesos, pero no podemos seguir tolerando juicios de más de una década que no han sido ni siquiera revisados, es importante para el legislador cambiar su imagen ante la opinión pública como tapadera de la impunidad, dijo el diputado.
“El gran pretexto para no llamar a sesión es la jornada electoral, que concluye el domingo 5 de julio, esperemos que una vez que pase la fiebre electoral los presidentes de la Sub Comisión de Examen Previo, llamen a sesión y se debata respecto al tema”.
Hay un descontento generalizado por los temas de impunidad y corrupción, que repercute en la imagen de la clase política, en particular de los legisladores y es nuestro deber histórico terminar con esto, en encuestas realizadas por la cámara de diputados, la corrupción ha superado a la violencia, en los temas que más preocupa a los mexicanos, concluyó Triana Tena.
Es obvio que esta maraña de trámites burocráticos está diseñada para evitar que los servidores públicos alguna vez enfrenten a la justicia. La impunidad ganará otra vez.