La tarde de ayer, la senadora independiente, Martha Tagle, publicó en su cuenta de Twitter un “comunicado urgente” de la Secretaría de la Función Pública, en la que se da por cancelada la ceremonia en la que el titular del Ejecutivo promulgaría hoy las leyes anticorrupción, entre las que se encuentra la Ley 3de3.
“Distinguidos invitados a la ‘Promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción’. Se comunica que el evento programado para el día de mañana, 22 de junio del año en curso, en Palacio Nacional, se cancela hasta nuevo aviso. Gracias por su comprensión”, se indica en el documento.
La senadora confió en que esto conlleve un mensaje de que el Presidente analiza a profundidad la conveniencia de realizar observaciones o vetar la legislación.
De manera particular se refirió a los artículos 29 de la Ley de Responsabilidades, que contempla una 3de3 limitada, y el artículo 32, donde se establece la obligación a los particulares a presentar declaraciones como si fueran funcionarios públicos.
“Hay que pensar en la posibilidad de que vete la ley, particularmente el artículo 32, donde hay serios cuestionamientos de los empresarios. Parece que el anuncio de que se posponga es una señal de que se trata de un tema muy importante. Ojalá que también se anuncie un veto al artículo 29, sobre la publicidad de las declaraciones”, dijo.
“El Gobierno tiene abiertos muchos frentes como para todavía promulgarla con estas diferencias que hay. Si esta cancelación tiene que ver con esto, pues vale la pena la espera. Hacemos un llamado para que esta cancelación sirva para esto”.
La cancelación de la promulgación se debe en buena parte por que los senadores lograron darle la vuelta a la ley 3 de 3 una iniciativa ciudadana que nació con la ilusión de disminuir la corrupción en las altas esferas políticas de México, y que ahora se ha puesto en contra de los ciudadanos que la impulsaron gracias a un par de modificaciones aprobadas por los senadores y después por los diputados.
La primera de ellas, permite que los políticos tengan la posibilidad de no presentar la Ley 3 de 3 o de hacerlo a medias. Originalmente se contemplaba que funcionarios de todos los niveles declararan su patrimonio, relaciones que podrían causar conflictos de interés y declaración fiscal que demostrara sus impuestos en regla. Declaraciones que serían públicas y consultables.
Ahora la ley 3 de 3 afectará los ciudadanos comunes, pues ahora todos los beneficiarios de recursos públicos deberán presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflictos de intereses llevando la ley al extremo. El artículo 32 de la ley dice que se obligará a; “Cualquier persona física y moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la federación, de la entidades federativas o de los municipios”.