El día de ayer se llevó a cabo la 14° reunión ordinaria de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa, en la que se informó que familiares de los 43 normalistas desaparecidos dieron a conocer la disposición para acudir a la Cámara de Diputados para dialogar con los legisladores sobre los hechos ocurridos en Iguala.
Prevista la reunión para la primera quincena de septiembre, la presidenta de dicha comisión, Guadalupe Murguía Gutiérrez detalló que tanto los padres de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, como sus representantes, plantearon encontrarse con legisladores de la Comisión Especial de Ayotzinapa y con las ordinarias de Justicia, Derechos Humanos, Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores.
La legisladora panista afirmó que se estará poniendo a consideración de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, para que se pueda llevar a cabo la reunión en el formato solicitado por los padres, que consta que se les de la palabra entre cinco minutos y ocho, además de que participen tres organizaciones de derechos humanos que los han respaldado en sus actividades: los centros Agustín Pro Juárez, el de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, y otro que ellos designen, para hablar sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Por su parte, la diputada morenista Araceli Damián González y la perredista Cristina Gaytán Hernández, propusieron invitar a dicha reunión a los titulares de las comisiones Nacional de los Derechos Humanos, de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, e integrantes de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa del congreso de ese estado; así como a representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y de la Procuraduría General de la República (PGR).
Por último, en su participación, el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Sánchez Orozco propuso que la PGR también dé cuenta a la Comisión Especial de las investigaciones administrativas que se han llevado a cabo para detectar omisiones de funcionarios de gobierno en el Caso Ayotzinapa.