Luego que el movimiento por la legalización de la marihuana recreativa en Estados Unidos, recibió su mayor impulso en las elecciones del pasado martes, con la aprobación de su venta y uso en cuatro entidades, incluyendo California, Massachusetts, Maine y Nevada, de Estados Unidos; otras cuatro entidades más aprobaron iniciativas
para legalizar la marihuana medicinal; Florida, Arkansas, Dakota del Norte y Montana.
En tanto sólo los votantes de Arizona, donde ya se vende la marihuana medicinal, rechazaron aprobar la legalización para su uso lúdico. Un poco más del 52 por ciento de los votantes de Arizona se opusieron a la Proposición 205, aunque el conteo oficial de los votos se conocerá hasta dentro de unos días.
En este contexto, Fernando Belaunzarán, ex diputado federal del PRD, expresó que este referéndum, paralelo a la elección presidencial, definirá el cierre del mercado de los cárteles en el país vecino e incrementará el consumo en territorio nacional.
"Van a pasar dos fenómenos que ya ocurren, pero se van a agudizar. El primero, va a haber una disminución de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos y esa marihuana se va a quedar en México haciéndola más accesible y más barata", explicó en entrevista con El Punto Crítico Radio.
"Segundo, si la historia comenzó con un tráfico ilegal de marihuana de México a Estados Unidos, ahora viene en sentido contrario, ya hay marihuana norteamericana en México".
Ahora, Estados Unidos tendrá 10 estados en donde la marihuana para uso recreativo estará permitido y donde empresas legales podrán producirla.
Mientras que en México seguiremos con el paradigma de su prohibición que ha traído consecuencias como engrandecer el crimen organizado, cuestionó la tardanza de las autoridades mexicanas para seguir las acciones del vecino país, ya que lo que se hizo en California.
El ex diputado indicó que llegaría un momento en el que México se podría convertir en importador de la sustancia en el contexto que para entonces nuestro país sea el único país del TLC que no tenga regularizada la mariguana.
“Por lo que, mientras en el país vecino harán negocio aquí se continuará con los muertos, los desaparecidos, los desplazados, daño a los derechos humanos, etcétera; actualmente tenemos más producción y tráfico de la droga, según los datos oficiales, entonces agudizaría la delincuencia”, explicó, por ello pidió, cambiar la perspectiva y los acuerdos.
Uno de los enunciados de la “ley de la frontera” entre Estados Unidos y México dice que la droga viaja hacia el norte y el dinero hacia el sur. Pero, en el caso de la marihuana, esa verdad inmutable se está resquebrajando.
De acuerdo con analistas, esto vendrá a incrementar la presión sobre el Congreso y la próxima administración encabezada por el republicano Donald Trump para proporcionar una solución.
México enfrentaría serias consecuencias ahora que Estados Unidos vota a favor de la despenalización del uso de la mariguana recreativa en cinco estados de ese país, alertó Iniciativa Galileos.
California, Nevada, Maine y Massachusetts votaron el martes la legalización del uso recreativo del cannabis. Con estos cuatro nuevos miembros son ocho los estados de Estados Unidos —más Washington, D. C.— que han regulado el consumo de la droga ilegal más popular del país (y más de la mitad su uso medicinal). Al norte de la frontera, el gran consumidor del continente está creando una industria para abastecer su enorme demanda; en México, el mayor productor de marihuana del continente, la planta se persigue sistemáticamente y continúa en manos de los traficantes.
Según un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad en 2012, durante la primera ola legalizadora en Estados Unidos —Washington, Alaska y Oregón—, los carteles ganan más de dos mil millones de dólares al año con las exportaciones de marihuana hacia Estados Unidos, su segunda fuente de ingresos en el vecino del norte, detrás de la cocaína. El producto mexicano, de menor calidad pero con precios más competitivos, representa entre el 40 y el 67 por ciento del mercado en Estados Unidos.
Medir en números el impacto que este nuevo amanecer con más cannabis legal puede tener en un negocio clandestino es complicado, pero el informe del IMCO concluía que “perder esa fuente de ingresos sería el cambio más estructural en el narcotráfico desde la llegada masiva de la cocaína” entre finales de los 80 y principios de los 90.
California, uno de los cuatro estados que limitan con México, el más poblado y rico del país, se ha convertido en el gran game changer, como lo define Beau Kilmer, codirector de políticas de drogas del centro de estudios RAND: “La prohibición a nivel federal sigue creando muchos problemas, pero la votación ahí es un gran avance, generará mucha presión a nivel interno y externo”.
Hace 20 años California fue el primer estado que aprobó el uso medicinal de la marihuana. Ahora se ha convertido en el símbolo de quienes sostienen, como Armando Gudino, responsable de políticas públicas en California de Drug Policy Alliance, que “la gente está cansada de una guerra que lo único que ha traído es el encarcelamiento de 1,5 millones de personas al año, sobre todo de jóvenes latinos y afroamericanos”.
La onda expansiva californiana, coinciden los expertos, llegará a México amplificada, además, si Canadá aprueba en 2017 una regulación nacional. El cómo y el cuándo se desconoce.
“Esto va a poner muchísima presión porque le va a hacer evidente al ciudadano común que en México estamos persiguiendo una sustancia a toda costa, incluso a costa de la vida humana, que una vez cruzando la frontera va a ser perfectamente legal. Nos pone en una contradicción evidente pero el gobierno mexicano vive en la contradicción de forma natural”, dice Lisa Sánchez, directora del programa de política de drogas de México Unido contra la Delincuencia.
Aún bajo un régimen de total prohibición, en México el tráfico de drogas se administró más que se combatió hasta que la guerra estalló en 2006 bajo el gobierno de Felipe Calderón. En un país azotado por la violencia (150.000 muertos y 28.000 desaparecidos en una década de Guerra contra el Narcotráfico), la postura del gobierno presidido por Enrique Peña Nieto ha sido muy continuista.
Peña Nieto apoyó de manera genérica el uso de la marihuana medicinal el pasado abril durante la celebración de la Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre política de drogas (UNGASS por su sigla en inglés), pero no especificó si implementaría ese apoyo ni cómo lo haría.
En el senado se debate levantar la prohibición a la importación de medicamentos derivados del cannabis y el aumento de la cantidad de marihuana que una persona puede poseer sin que se considere delito (actualmente de 5 gramos).
“Los políticos dirán sí a la marihuana medicinal, pero no a la de ‘doña Chole’, solo si el medicamento viene de las farmacéuticas canadienses que cabildean en el congreso. Ese sería el más terrible de los escenarios”, dice Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
“En total se han presentado 16 iniciativas y ninguna ha pasado”, añade Pérez Correa, que este año publicó un estudio en cárceles federales que concluye que el 60 por ciento de los presos por delitos de drogas están en prisión por posesión de marihuana. La investigadora advierte que si la marihuana viaja menos hacia el norte se quedará en México, aumentará la oferta local, bajará el precio y subirá el consumo entre los mexicanos.
“Lo ideal sería legalizar, pero si no al menos México debería hacer la vista gorda, el equivalente al don´t ask, don´t tell que ha seguido Obama en los estados que han legalizado. Lo que es absurdo es la guerra de Calderón-Peña, que sigamos sacrificando vidas y recursos en quemar sembradíos y poner retenes cuando cruzando la frontera del estado más importante de la Unión Americana la marihuana es legal”, dice Jorge Castañeda, intelectual y exsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Vicente Fox.
A diferencia de Estados Unidos, en México los mayores cambios se han producido en los tribunales. El año pasado un juez concedió un amparo a los padres de Grace, una niña que sufre el síndrome Lennox-Gastaut, para que pudieran importar aceite derivado del cannabis prohibido en México. Los padres habían probado todo tipo de medicamentos para que su hija dejara de tener hasta 400 convulsiones epilépticas al día.
Unos meses después la Suprema Corte de Justicia también amparó a los integrantes del colectivo SMART, que pedían autocultivo y consumo de la marihuana. La sentencia indicaba que los artículos de la Ley General de Salud impugnados por los querellantes ocasionaban “una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación al grado mínimo de protección a la salud y al orden público”. Otros tres amparos colectivos siguen actualmente ese camino.
Ahora, bajo el abrigo de la regulación en California, varias organizaciones civiles lanzarán una iniciativa ciudadana para que la marihuana en México salga de la clandestinidad.
Otro de los apartados de la “ley de la frontera” dice que Estados Unidos pone los consumidores y México las drogas y los muertos. En este caso, el impacto del cannabis no debería afectar esa regla: al sur de la frontera, la marihuana es una de las muchas fuentes de financiación de los carteles mexicanos, que desde hace años se han diversificado más allá del tráfico de drogas. Las organizaciones también lucran de la extorsión, el secuestro, el tráfico de recursos naturales o la trata de personas.
“No podemos minimizar el impacto positivo ni tampoco exagerar los beneficios. La regulación de la marihuana no solucionaría el problema de la financiación del crimen, pero sí solucionaría las leyes de drogas”, dice Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia.
En México, explica, la leyes “se hicieron para ser duros con el crimen pero agarrando a esos eslabones más débiles que siempre se reponen. Se pensó que eso acabaría con la inseguridad y hoy la percepción de inseguridad es mayor que hace diez años. Le debemos justicia a mucha gente”.