En la sesión del Consejo Universitario de la UNAM se aprobó el presupuesto para 2017, que asciende a 40 mil 929 millones 422 mil 558 pesos, que en términos reales representa un incremento 0.6 por ciento.
El rector Enrique Graue Wiechers destacó que la negociación del presupuesto con la Cámara de Diputados se dio sobre las "bases sólidas del prestigio, logros y transparencia de la Universidad".
Agregó que los puntos prioritarios para el año entrante están en evitar reducir las becas, consolidar la infraestructura y fortalecer algunos programas de estímulos.
Se detalló que del monto total, 36 mil 345 millones 963 mil 558 pesos corresponden a las aportaciones federales mientras que los ingresos propios se estiman en cuatro mil 583 millones 459 mil pesos.
En este sentido se determinó que a la docencia se destinen 24 mil 949 millones 653 mil 434 pesos, que representan 61 por ciento del presupuesto total; del total, 78 por ciento será para nivel superior, que incluye los programas de licenciatura y posgrado, y 22 por ciento al bachillerato.
El dictamen de la Comisión de Presupuesto indica que en investigación se invertirán 10 mil 655 millones 332 mil 663 pesos, que equivalen a 26 por ciento de los recursos totales.
En tanto que para la extensión universitaria se consideran tres mil 308 millones 609 mil 18 pesos y para la gestión institucional, que incluye actividades y servicios relativos a la administración, planeación, control, vigilancia, mantenimiento y reacondicionamiento de la infraestructura, dos mil 15 millones 827 mil 443 pesos.
Por otra parte, el pleno del Consejo Universitario aprobó la transformación del Programa Universitario de Estudios Género (PUEG) en Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), que impulsará el conocimiento teórico y aplicado en este ámbito, desde un enfoque interdisciplinario.
Asimismo aprobó el nombramiento de profesor emérito a Carlos Alejandro Tello Macías, "por su excepcional labor docente durante más de 30 años y su notable actividad como investigador en el ámbito de la economía".
Finalmente el Consejo Universitario se pronunció en el sentido de que los archivos históricos deben ser públicos y de interés general y deben considerares fuentes de acceso público.