Arturo Zamora Jiménez senador del PRI, urgió dar trámite y resolución de manera prioritaria a la controversia constitucional interpuesta este martes por el Senado de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los “Lineamientos Generales sobre la Defensa de Audiencias” emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En entrevista con El Punto Crítico explico que se giró un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, en el que se expone que dichos lineamientos que buscan proteger el derecho de las audiencias y que entrarán en vigor este 1 de febrero, “violan el derecho a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación”.
Cabe destacar que el IFT emitió los “Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias”, publicados el 21 de diciembre de 2016, en donde uno de sus apartados pretende regular el ejercicio de la función periodística.
Zamora Jiménez dijo a El Punto Crítico que dichos lineamientos se alejan de la función de regulación técnica a su cargo, al establecer “una clara limitación al derecho a la libre manifestación de las ideas consagrado en los párrafos primero y segundo del artículo 6º Constitucional”.
Arturo Zamora señaló que el IFT, al emitir dichos lineamientos viola el marco constitucional en dos dimensiones: al vulnerar de manera injustificada la libertad de expresión de los comunicadores, más allá de la limitación que requiere la protección de los derechos de las audiencias; así como que invade competencias del Poder Legislativo.
Agregó que no debemos permitir la existencia de un Lineamiento que, bajo el pretexto de proteger el derecho de las audiencias en el país, pretenda coartar la libertad de expresión de los periodistas y comunicadores.
Afirmó que ese instituto pretende ejercer su facultad normativa en una materia donde existe una expresa reserva de ley que deviene del propio texto constitucional en el Artículo 6, Apartado B, fracción VI.
Ahí se dispone que "la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección".
El legislador por Jalisco externó que los legisladores federales no deben permitir la existencia de un lineamiento que, bajo el pretexto de proteger el derecho de las audiencias en el país, pretenda coartar la libertad de expresión de los periodistas y comunicadores.
Expuso que "el alcance de algunos de esos lineamientos puede derivar en actos de censura y sanciones a periodistas y medios de comunicación".
Zamora Jiménez enfatizó que se trata de una restricción a todas luces excesiva que debe ser resuelta a la brevedad en los cauces legales correspondientes, pues podrían resultar vulnerados los derechos de quienes ejercen la función de informar a la sociedad.
En este contexto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, interpuso este martes una controversia constitucional en contra de ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión referidos a los derechos de las audiencias.
El Gobierno argumentó que esos artículos invadieron facultades que constitucionalmente corresponden al presidente de la República, por lo que se está solicitando que se declaren inválidos los lineamientos generales del regulador Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por tener un vicio de origen.
"Estos lineamientos sobre la defensa de las audiencias constituyen el primer acto de aplicación de ocho artículos de la ley que hoy son controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación", explicó el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos, en conferencia de prensa.
"El vicio es de origen porque la ley no le debió dar facultades al IFT para regular el derecho de las audiencias", agregó.
Acompañado por el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, explicó que la autoridad demandada es el Congreso de la Unión, al establecer en la Ley que el IFT puede emitir los lineamientos generales.
Dijo que la publicación de los lineamientos generales constituye el primer acto de aplicación de esta Ley, y que la Constitución no le otorga al Instituto la atribución para regular los derechos de las audiencias, que al ser un derecho humano le corresponde al Ejecutivo.
En el recurso interpuesto este martes ante el máximo tribunal del país se solicita que se declaren inválidos los Lineamientos Generales emitidos por el IFT, explicó Castillejos Cervantes.
Afirmó que el presidente Peña Nieto respeta y reconoce el trabajo del Congreso de la Unión y el IFT, pero ello, no impide que acuda a las instituciones del país para que se haga un control de la constitucionalidad.
Respecto a los tiempos, recordó que la demanda primero tiene que ser admitida por algún ministro y se debe notificar a las partes demandadas, para que posteriormente se presente un proyecto de resolución.
En este sentido, expuso que se debe esperar a que se admita la controversia para analizar si se solicita un incidente de suspensión de esta ley, que entraría en vigor el próximo 16 de febrero