Con la detención de migrantes centroamericanos en su frontera, México “hace el trabajo sucio” a Estados Unidos, señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Erika Guevara-Rosas, quien dijo que las deportaciones de centroamericanos aumentan cada año.
Al presentar el informe 2016/17, en su parte regional de las Américas, la directiva informó que el año pasado se registró un aumento histórico de más del 200 ciento en las deportaciones de personas originarias de El Salvador, mientras que en los casos de guatemaltecos y hondureños, la cifra rebasó el 150 por ciento. Todos, detenidos y deportados desde territorio mexicano.
Además, acusó al gobierno mexicano de tener un “doble discurso” en el tema de la migración, pues exige respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero no cumple con sus obligaciones de protección a las personas centroamericanas que están en tránsito en territorio mexicano.
Guevara-Rosas señaló que con la llegada de Donlad Trump al gobierno de Estados Unidos vino agudizar una crisis que desde antes era ya dramática para miles de personas, principalmente de Centroamérica que huyen no sólo de la pobreza y en busca de oportunidades de una mejor vida, sino de la violencia de los grupos del crimen organizado.
En 2016 hubo un aceleramiento de la crisis de los derechos humanos en América Latina, según el Informe Anual de Amnistía Internacional 2016/17. El documento registra un alarmante incremento de obstáculos y restricciones a la justicia y las libertades fundamentales, así como las violentas estrategias de represión en la región.
“Con frecuencia, los Estados hicieron un uso indebido de los sistemas judiciales y de los aparatos de seguridad para responder a la disidencia y al creciente descontento de la ciudadanía, y aplastarlos de modo implacable”, señala el informe.
Países como México, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala fueron algunos de los más afectados por los abusos y la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos.
“La crisis está interconectada con todo lo que pasa en la región”, explicó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. “Las acciones violentas de los organismos de seguridad y la falta de una respuesta eficaz de las autoridades para hacer cumplir el respeto a los derechos humanos, cada vez complejiza más las estrategias estatales para atender a los problemas sociales”.
El informe destaca el caso de México como uno de los más graves y señala que “la impunidad por tortura y otros malos tratos seguía siendo casi absoluta”. La procuraduría de este país informó que se estaban revisando 4715 expedientes de investigación por este tipo de abusos, pero había más de 3000 peticiones pendientes de tramitación.
Otro elemento que hace más complejo el caso mexicano es la enorme afluencia de migrantes que recibe anualmente, debido a su proximidad geográfica con Estados Unidos. Se calcula que cada año unas 400.000 personas indocumentadas cruzan la frontera sur de México; el documento muestra que hasta octubre de 2016 se habían presentado 6898 solicitudes de asilo, pero solo se les concedió la condición de refugiados a 2162 personas. El 93 por ciento de las solicitudes provenían de ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala.
“México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio y se ha convertido en el país que hace el trabajo sucio de los estadounidenses, porque tiene el mayor número de deportaciones en los últimos dos años: solo en 2016 devolvió a cerca de 150.000 ciudadanos a Guatemala, Honduras y El Salvador”, señala Guevara-Rosas.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizaron una protesta frente a la sede de la Procuraduría General de la República en Ciudad de México, el 9 de febrero de 2017. Credit Henry Romero/Reuters
En este sentido, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, explicó que además “hay una crisis de solicitantes de refugio y migrantes que transitan por el territorio mexicano que no solo buscan irse a Estados Unidos, sino que también quieren quedarse en México debido a la violencia de Centroamérica”.
En territorio mexicano, el documento registró los casos de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Tanhuato, Tlatlaya, Atenco y Apatzingán en los que las investigaciones no han servido para aclarar los hechos. Y pone un énfasis especial en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el enfrentamiento entre el gobierno mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que “confirmó que la afirmación de las autoridades de que los estudiantes habían sido asesinados y quemados en un vertedero local era científicamente imposible”.
Para Guevara-Rosas es evidente que el gobierno no tuvo la voluntad política necesaria para llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias: “Se trata de un presidente sumido en escándalos de corrupción, se trata del gobernador de un estado como Veracruz que huye en medio de escándalos y la gente siente que no hay justicia para las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en todo el país”.
El informe señala que, según el gobierno mexicano, para fines de 2016 había 29.917 personas desaparecidas (22.414 hombres y 7503 mujeres), y registra además el asesinato de 11 periodistas. Reneaum Panszi explica que al revisar las cifras de desaparecidos y homicidios de periodistas y defensores de derechos humanos, así como las violaciones a la libertad de reunión, surge un hilo conductor en todas las situaciones: “Vemos la omisión del Estado al momento de cuidar a sus ciudadanos. Todos los apartados nos muestran una falencia del gobierno por establecer un entorno seguro y digno donde las personas puedan sentirse tranquilas en el ejercicio de la ciudadanía”.
El “Triángulo Norte” de Centroamérica
Países como El Salvador, Guatemala y Honduras, se han convertido en una de las regiones más violentas del mundo superando las cifras de muertes de zonas en guerra. Según los datos del informe la tasa de homicidios de El Salvador (108 habitantes de cada 100.000) era una de las más altas registradas. Durante la primera mitad de 2016 se denunciaron 3438 homicidios, frente a los 3335 del mismo periodo de 2015. En Honduras más de un centenar de agentes de policía de alto rango fueron destituidos por su vinculación con la delincuencia organizada y Guatemala inició una serie de investigaciones contra más de una decena de exmilitares por diversas violaciones a los derechos humanos.
Los expertos de Amnistía Internacional explican que la inacción de los gobiernos de la región provocó un vacío de poder que fue ocupado por poderosas empresas trasnacionales, especialmente las dedicadas a las actividades mineras que necesitan implementar operaciones de apropiación de territorios y recursos naturales. “Esa apropiación afectaba sobre todo a tierras reclamadas por pueblos indígenas, otras minorías étnicas y campesinos, o tierras que les pertenecían, y se llevaba a cabo sin respetar debidamente su derecho al consentimiento libre, previo e informado”, establece la investigación.