La pesca ilegal genera daños cuantiosos en la economía, debido a las distorsiones en los precios, y afecta principalmente a los pescadores y productores legales, quienes tienen que competir en condiciones desfavorables y desleales, denunció el senador Daniel Ávila.
Explicó que a pesar de que en 2014 se reformó la legislación penal con acciones para proteger las especies marinas en peligro de extinción y en veda, no se ha logrado inhibir la pesca ilegal de especies, como el pepino de mar o el caracol rosado, las cuales tienen un alto valor económico en el mercado nacional e internacional, y que, incluso, ha provocado conflictos armados entre pescadores legales y pescadores furtivos, lamentó.
Señaló que es prioritario que al día de hoy “contemos con un nuevo sistema jurídico más fuerte, con los instrumentos para una protección eficaz de nuestro medio ambiente y recursos naturales, al tipificar como delito federal la captura de especies acuáticas en veda, y al otorgar sanciones ejemplares a los responsables, es primordial la intervención de las autoridades federales encargadas de resgaurdar y hacer cumplir nuestro Estado de derecho”, asentó Ávila Ruiz.
En este contexto, enfatizó que es fundamental que la Semar y la Sagarpa redoblen la implementación de acciones de patrullaje y vigilancia de las costas mexicanas, encaminadas a garantizar eficazmente el respeto de los acuerdos de veda y la protección de los periodos de mayor vulnerabilidad de las especies acuáticas en peligro de extinción.
El senador por Yucatán dijo que de esa manera, se aseguran niveles de abundancia sustentables de las especies marinas, que permitan su aprovechamiento responsable, generando un beneficio económico y social a la población pesquera.
En ese sentido recordó que propuso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Marina (Semar) a que, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan las acciones de vigilancia de las costas del país, para evitar la pesca ilegal o furtiva.
Lo anterior, con el fin de garantizar el respeto a los acuerdos de veda y la protección de los periodos de mayor vulnerabilidad de las especies acuáticas en peligro de extinción, para asegurar niveles de abundancia sustentables que permitan su aprovechamiento responsable.
Cabe destacar que el dictamen fue aprobado por el pleno de esta representación, se indica que el problema de la pesca ilegal es muy grave, ya que provoca efectos perjudiciales a las poblaciones de los recursos susceptibles de captura y a la diversidad de especies de flora y fauna acuática, especialmente en aquellas en peligro de extinción.