El presidente de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, diputado Rafael Hernández Soriano
(PRD), afirmó que los ejercicios de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ponen de manifiesto irregularidades en contrataciones públicas, integridad y transparencia de la obra.
En la presentación de un informe de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, manifestó que el gobierno federal ha perdido el control financiero y de avance de la obra del nuevo aeropuerto “a juicio de la danza y la discordancia de las cifras dadas”.
Por ello, en reunión de trabajo de la comisión, aseguró que se debe aprovechar lo que resta de la administración para corregir todas las anomalías o incongruencias de la obra.
Hernández Soriano puntualizó que la Comisión que preside enviará cuestionamientos al auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, con el fin solicitar información precisa e integrarla en un documento final que presentarán ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
“Es relevante que el auditor informe si consideran suficientes los mecanismos legales y financieros utilizados para concluir el nuevo aeropuerto en los plazos establecidos”.
El titular de la dirección de Análisis de la Fiscalización Superior, de la UEC, Francisco Javier Vega Rodríguez, detalló que la ASF realizó 25 auditorías durante el periodo 2014-2016 al proyecto del NAICM, en las que determinó recuperaciones por un monto de alrededor de 567, 151.2 miles de pesos, de los cuales, 3.3 miles de pesos fueron operados y 567,147.9 miles de pesos, constituyen recuperaciones probables.
La ASF emitió 135 observaciones y refirió que en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2016, se detectaron 1 mil 002.0 millones de pesos por aclarar.
Al presentar el informe “Fiscalización superior al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en la revisión de las cuentas públicas 2014, 2015 y 2016”, también señaló que un monto de 58 mil 851.0 millones obtenidos por GACM, correspondientes al periodo, se han destinado a un fideicomiso no paraestatal, por lo que no existe instancia responsable de la consolidación, registro y seguimiento de las erogaciones.
Además dio a conocer que los estudios, proyectos ejecutivos y obras iniciales contratadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), con un costo de 735.9 millones de pesos, con cargo al patrimonio de un fideicomiso no paraestatal, permitió omitir el proceso de programación-presupuestación y rendición de cuentas del gasto público federal.
Detalló que el contrato adjudicado directamente por ASA para la “Gerencia de Proyecto”, consideró salarios por la contratista 1,366.0 por ciento más altos en relación a los tabuladores de fuentes consultadas y de los salarios de la zona de los trabajos.
Se descubrió que en el contrato de servicios para las Bases de Concurso de los túneles de Chimalhuacán II y Churubusco-Xochiaca, se pagaron en exceso 458.6 millones de pesos.
Reveló la inexistencia de un control por parte del gobierno federal de las erogaciones realizadas a la construcción del NAICM, que incluya lo pagado por otras entidades como la Conagua, Sedatu y Fonadin.
Expresó que el esquema de financiamiento utilizado en la construcción del NAICM, en el que participan entidades paraestatales y fideicomisos privados, impide que los recursos que ingresan se reconozcan en la hacienda pública y las erogaciones realizadas se registran en la Cuenta Pública.
Igualmente, no es posible determinar el costo total del esquema de financiamiento; es decir, el capital del crédito, sus intereses, las comisiones y gastos asociados con el mismo, que se tendrá que pagar con recursos de la TUA.
Aseveró que tampoco se especifica el plazo por el que tendrían que ceder los recursos de la TUA para liquidar las disposiciones del crédito del esquema de financiamiento.
Agregó que no se acredita que el GACM tenga un control que le permita conciliar las disposiciones de los créditos, los recursos pagados de la TUA y los flujos de estos recursos entre los participantes y los fideicomisos privados del esquema de financiamiento para la construcción del NAICM.
Vega Rodríguez también expuso que el GACM y el AICM no acreditaron el desembolso de 2 mil 707.0 millones de pesos provenientes de la TUA, ya que el esquema de financiamiento fue estructurado bajo el marco legal de derecho privado, lo que evitó que se registrara como deuda pública.
Asimismo, el esquema de financiamiento utilizado, si bien permite al gobierno captar recursos para atender compromisos que no pueden ser cubiertos presupuestalmente, también origina que esa captación no se refleje como un pasivo, ni se reconozca como deuda y tampoco se registre en las finanzas públicas.
Se encontró que el contrato de obra pública para la construcción de la “Losa de Cimentación del Edificio Terminal” del NAICM, se adjudicó directamente a la contratista con una propuesta 61.4 por ciento más cara respecto a la más baja, además de pagar 6.2 millones de pesos por sobrecostos.
En el informe se estima que existe ausencia de transparencia en el seguimiento de la adquisición de parcelas, pago de avalúos, gastos y honorarios notariales, así como en el reintegro en tiempo y forma de los recursos transferidos a la Sedatu y la Conagua, por un monto de 209.6 millones.
Se determinaron 389.6 millones de pesos por aclarar en la construcción de la “Barda Perimetral” del NAICM, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El diputado Federico Escobedo Miramontes (PES) consideró necesario contar con un informe detallado del proyecto original, a fin de conocer los avances reales y todos los rubros en los que la obra se encuentra atrasada. Estimó que existe opacidad en el proyecto, pues ignoran los montos de inversión de dinero público, privado y de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).
El legislador, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, recalcó la necesidad de comparar los montos aprobados para la construcción de toda la obra y lo que realmente costará. “Son detalles que no se han precisado en forma puntual, lo ideal sería hacer un comparativo en qué es lo que se aprobó y lo que se ha hecho”.
La diputada María Guadalupe Alcántara Rojas (PRI) solicitó datos más concretos y análisis serios, porque lo que se emita al respecto pone en riesgo a los inversionistas mundiales.