A más de 20 años de las infundadas acusaciones que “sirvieron como base” para proceder al aseguramiento de más de 12 mil hectáreas en Villa Ahumada, Chihuahua, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), pese a existir pronunciamientos ministeriales federales respecto de que no existen elementos para continuar con la ilegal medida, se niega a “levantar” el embargo de que son objeto los bienes inmuebles de Leonor González Wisbrum, quien demanda urgentemente la intervención del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a efecto de que ordene una exhaustiva investigación en la Unidad Especializada en Investigación de Delios Contra la Salud, al mando de Isaac Daniel Arellanos Tapia, donde se niegan a cancelar las anotaciones preventivas de aseguramiento.
“Desconocemos los motivos reales por los que los ahora encargados de la UEIDCS se resiste a continuar con el aseguramiento de las 12 mil hectáreas y de los lotes 56 y 60 localizados en la colonia Agrícola y Ganadera de Plazuela de Acuña, municipio de Juárez, con superficie de 25 y 100 hectáreas, respectivamente, ya que el propio Ministerio Público de la Federación, tras exhaustivas investigaciones relacionadas con la averiguación previa PGR/008/LD/99, consideró, el uno de noviembre de 2010, según el oficio CG1/F3/3035/2010, que no existían elementos, mucho menos ni pruebas, que acreditaran la comisión del delito de “lavado de dinero”, por lo que ordenó se levantara el aseguramiento, toda vez que el mismo era ilegal.
No obstante la resolución ministerial, la que se ajusto a derecho, solo transcurrieron 72 horas para que nuevamente, ahora bajo la averiguación previa UEIDCS/454/2009, volviera a ordenar nuevamente el aseguramiento de los bienes de la familia González Wisbrum, los que fueron heredados a ésta, en su mayoría, por su padre, José Lucas González Díaz, en 1995, según las escrituras números 1328 y 1329 emitidas por el notario público 15, Luis Villagrán Arrieta, en Ciudad Juárez, distrito Bravos, en el estado de Chihuahua. “Ninguno de los bienes, como se aseguró en un principio, fueron obtenidos mediante la comisión de hechos presuntamente constitutivos de delito, por lo que en noviembre de 2010 la misma Representación Social de la Federación procedió a la cancelación de la anotación marginal de aseguramiento de dichos bienes inmuebles.
“Como lo manifestó en su oportunidad el nuevo titular de la PGR, el procurador Murillo Karam, es momento de poner orden en todas las áreas de la dependencia y es indudable que se debe de empezar por la ahora llamada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la que quedó en total desorden, luego de la administración de Marisela Morales Ibáñez. No solicitamos privilegios, sino que se cumpla con la ley y se cancele el ordenamiento de aseguramiento de nuestras propiedades, las que fueron adquiridas de manera legal y no por medio de delito alguno”.
Se expuso que además, las acusaciones hechas en su momento al esposo de la afectada, Joel Chávez Quezada --lavado de dinero-- y que sirvieron para que el Ministerio Público federal solicitara y obtuviera por parte del Registro Público de la Propiedad en el estado de Chihuahua, el aseguramiento de los bines inmuebles, prescribieron hace muchos años, durante los cuales la familia González Wisbrum ha recurrido a las instancias legales para que, de manera definitiva y con estricto apego a derecho, se proceda a la cancelación de la anotación marginal de aseguramiento de dichos bienes.
Destacaron que a fines de febrero pasado y principios del mes en curso, mediante su representante legal, solicitaron de manera formal al Ministerio Público federal, concretamente al licenciado Víctor Hugo Avendaño Herrera, la devolución de los citados bienes, los que se ha acreditado son de procedencia lícita. “Confiamos en la palabra del señor procurador Murillo Karam respecto de que con hechos se procurará justicia y se recobrará la confianza en la dependencia”.