El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la nueva Ley de Amparo “es una muestra más de que México se está transformando para contar con más y mejores instituciones, que nos permitan consolidar el Estado Constitucional y democrático de derecho que todos anhelamos”.
En la ceremonia de promulgación de esta ley realizada en el Salón de Recepciones de Palacio Nacional, ante representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, el titular del Ejecutivo federal destacó que esta nueva legislación “es un mérito de todo el Estado mexicano”.
Subrayó que con un ánimo renovador y en colaboración con las principales fuerzas políticas y las organizaciones de la sociedad civil, “seguiremos avanzando y buscando los acuerdos que nos permitan transformar a México en una auténtica sociedad de derechos”.
Peña Nieto observó que el juicio de amparo ha sido y es el principal instrumento de defensa que las personas tienen para protegerse de los actos de la autoridad, y hoy se renueva y revitaliza cuando centra su atención en el ser humano, su dignidad y los derechos que le son inherentes.
El mandatario federal agregó que cuando una legislación es rebasada por el avance colectivo, es indispensable actualizarla, ponerla en sintonía con las nuevas necesidades sociales y con los estándares internacionales.
“Este es el espíritu detrás de la expedición de la nueva Ley de Amparo, que al colocar al ser humano y sus derechos como causa y fin, da un nuevo aliento a una de las más destacadas aportaciones mexicanas al mundo jurídico”, enfatizó.
Acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong; y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, así como diversos funcionarios federales, Peña Nieto indicó que después de 172 años, hoy se revitaliza el instrumento de control Constitucional más importante del sistema jurídico mexicano.
Admitió que la modernización de dicha ley no garantiza por sí sola el éxito de su aplicación, pues toca ahora a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, litigantes y estudiosos del derecho, lograr que el juicio de amparo se convierta en un derecho al alcance de todos los mexicanos.
El presidente Enrique Peña destacó que al Poder Ejecutivo le corresponde apegar su actuación al marco legal y acatar las resoluciones y sentencias del Poder Judicial.
“En suma, corresponde a todas las autoridades del país, hacer de la justicia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos una práctica efectiva en nuestro actuar cotidiano”, enfatizó el presidente.
En su discurso, Enrique Pela Nieto afirmó que esta nueva ley, que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, adopta figuras jurídicas de avanzada, y son múltiples y profundos los cambios que se han logrado.
Explicó que se amplía la esfera de protección a los derechos, y en adelante, el juicio de amparo procederá en contra de normas generales, actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares en funciones equivalentes a las de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna y los tratados internacionales.
Añadió que además se otorga la calidad de parte agraviada a quien tenga un interés legítimo, ya no necesariamente jurídico, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen sus derechos humanos.
Apuntó que otro cambio cualitativo es que se dota de efectos generales a las sentencias de amparo que culminen en la declaratoria de inconstitucionalidad, y una norma general por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El presidente Peña Nieto planteó que con ello se tutelan los derechos de todas las personas, aún cuando no hayan interpuesto el juicio, garantizando así los principios de igualdad ante la ley y supremacía Constitucional.
Dio a conocer que se eleva la eficacia de la justicia mexicana, para lo cual se establece la obligación de los tribunales de fijar en las sentencias de amparo directo, los términos precisos en los que deberá pronunciarse la nueva resolución.
Otra innovación que fortalece la eficacia y sobre todo la adecuada interacción entre los Poderes, mencionó, es que se otorga la facultad excepcional al Ejecutivo y Legislativo federales para solicitar a la Suprema Corte de Justicia la resolución prioritaria de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos.
Lo anterior, aclaró Peña Nieto, cuando se justifique la urgencia por interés social o para mantener el orden público.