Al menos cuatro bancadas políticas de la Cámara de Diputados no quitan el dedo del renglón en su exigencia por someter a juicio político a la titular de Secretaría de Desarrollo Social –Sedesol- y al gobernador de Veracruz, Rosario Robles Berlanga y Javier Duarte, respectivamente, por su presunta responsabilidad de desvío de recursos asignados a servicios sociales para apoyar a candidatos priístas en procesos electorales.
Sin embargo y pese a la entrega formal de la solicitud requerida ante la Secretearía Técnica de la Cámara de Diputados, con lo que prácticamente dio inicio el proceso hasta ayer no se ha dado a conocer información alguna al respecto, lo que hace suponer que el caso será retomado hasta el próximo período de sesiones en la Cámara Baja.
El documento de referencia fue entregado al titular del cago en el Palacio de San Lázaro, Mauricio Farah, desde la semana anterior a través de líderes políticos de Acción Nacional, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Luis Alberto Villarreal, Silvano Aureoles, Alberto Anaya y Ricardo Mejía, respectivamente, quienes exigieron el cese inmediato de la funcionaria federal y del mandatario estatal.
En esa fecha en breve conferencia ante representantes de los medios de comunicación, el coordinador de los diputados del blanquiazul, advirtió que las cuatro bancadas encargadas del inicio del proceso no darán un paso atrás y exigirán que pese a la obvia oposición de priístas, estarán muy pendientes de que el juicio político se apegue a la ley y llegue hasta sus últimas consecuencias, iniciando con la destitución del cargo de ambos funcionarios.
El dirigente añadió “que se preocupe Rosario, que nos vamos a ocupar de ella”, en franca alusión a las palabras de apoyo a Rosario Robles del presidente Enrique Peña Nieto cuando se conoció del caso e indicó que los 249 votos que conforman las cuatro bancadas están comprometidos para el cometido.
A su vez, Aureoles aseguró que el único ganador del trabajo del Pacto por México ha sido el mandatario federal, al grado que “incluso un diario norteamericano sugería al presidente Obama replicar los métodos de Peña. Por eso no entiendo la terquedad y la ambición para querer tronar un programa tan noble como el de combatir el hambre en todo el país”.
Mejía por su parte, exigió la creación de una Fiscalía Autónoma de Delitos Electorales que sea independiente de la PGR y exigió la remoción de todos los delegados del PRI que operen programas de asistencia social.
Finalmente, el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya se manifestó contra la utilización de recursos públicos para beneficio de los candidatos del PRI, que habrán de contender en elecciones políticas en cuando menos 16 entidades de la República en los meses próximos.