Luego de los últimos acontecimientos de violencia el pasado primero de diciembre de 2012, primero de mayo, y movimiento magisterial así como otras manifestaciones de los movimientos sociales, el priismo nacional se sumo a la iniciativa del PAN para imponer condenas exorbitantes hasta de 30 años de prisión a la protesta social que termine en vandalismo de encapuchados.
Por ello la iniciativa forma parte de nuevas reformas políticas que pueden disgregar la protesta social. Como se recordará en la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada del PRI, Miriam Cárdenas Cantú, la propuesta del panista Jorge Francisco Sotomayor Chávez, fue rechazada en días pasados con el sólo voto en contra de los legisladores de Acción Nacional y la abstención de de un priísta.
El argumento fue que en lo más de los casos no se detiene a los responsables de los actos de vandalismo y se aprehende a diestra y siniestra no sólo a los manifestantes pacíficos, sino a hasta transeúntes que tiene la desgracia de estar en un disturbio, lo que los pondría en riesgo de conociendo la ineficiencia de la justicia, pasar su vida en la cárcel.
“Además para los gobiernos sería muy fácil lanzar a las calles a grupos de provocadores para generar la acción policial con el fin de justificar la acción policial para ejecutar detenciones masivas e inhibir con ello cualquier protesta, hoy continuas ante la creciente caída de bienestar de la población”, dijeron los diputados de PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
Los legisladores de izquierda, afirmaron no estar en contra de la sanción penal contra quienes aprovechándose de una protesta social, causen daño a personas, bienes privados y urbanos, pero ésta no puede ejercerse de forma discrecional y arbitraria, mediante juicios sumarios y procesos penales irregulares, la más de las veces sin pruebas contundentes, en la que el MP consigna, sin investigación alguna.
Por ello las diputadas Lilia Aguilar Gil (PT) Elena Tapia Fonllem (PRD) y Luisa María Alcalde Luján (MC), entre otros, impulsan un frente para evitar que la próxima semana se apruebe un dictamen sobre sanciones a quienes utilicen sustancias tóxicas, inflamables o explosivas contra personas, cosas o servicios públicos y privados.
Lo que tratan PRI y PAN es coartar la libertad de expresión, porque ya nadie va poder salir a manifestarse, ya que si se considera que violentan a las personas, éstas podrán ser tratadas como delincuentes o terroristas”, acotó la Aguilar Gil, también secretaria de la Comisión de Justicia.
Señaló que la Comisión de Derechos Humanos, la semana pasada dio una recomendación en sentido negativo a la iniciativa panista, porque limita la libertad y los derechos de las personas, pero a pesar de ello en la Comisión de Justicia que preside también el diputado del PRI, Ricardo Pacheco Rodríguez, se pretende aprobarla la semana próxima para integrarla al paquete de dictámenes a discutir en el extraordinario del mes de julio.
La también diputada petista Loretta Ortíz, afirmó que la propuesta del PAN se pretende criminalizar cualquier tipo de acto de protesta, sin distinguir entre vándalos, transeúntes y activistas sociales.
Recordó que el diputado Francisco Sotomayor (PAN), presentó en marzo pasado una iniciativa que adiciona el artículo 141 bis del Código Penal Federal para imponer penas de 10 a 20 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años a quien realice actos en contra de personas, cosas, servicios públicos y privados, utilizando sustancias toxicas, inflamables o explosivas.
Las penas se incrementarían en dos terceras partes cuando dicha conducta se realice utilizando elementos que impidan total o parcialmente la identificación de las características fisonómicas del sujeto activo (cuando la persona involucrada se cubra el rostro).
“Quieren hacer parecer a las personas como delincuentes, ya que con la interpretación de que cualquiera pude meterse a alguna manifestación y violentarla al romper un vidrio, se pretende poner agravantes a las personas”, insistió.