La primera ocasión que a un conjunto de reformas y modificaciones se le llamó “reforma política” tuvo lugar en el año de 1977; en ese entonces se perseguía la democratización del país además de la participación de fuerzas políticas que se habían mantenido al margen del sistema. Sin embargo, los primeros indicios de Reforma del Estado se presentaron en 1953.
En aquel 1977, la reforma electoral versó en diversas modificaciones; como la representación proporcional; sistema mixto de representación parlamentaria; tamaño de la Cámara de Diputados; disminución en porcentaje de votación de representación proporcional; acceso permanente de los partidos a los medios de comunicación.
A raíz de las elecciones de 1988, el sistema político-electoral mexicano se modificó. Posteriormente de 1993 a 1996, se establecieron mecanismos para dar a conocer resultados electorales de manera oportuna y se le dio un realce al sistema de partidos en cada entidad federativa.
Asimismo, se creó el Instituto Federal Electoral (IFE); se designó a consejeros electorales; representaciones partidarias proporcionales; campañas electorales con mayor competitividad; mecanismos de resultados preliminares; la creación del Tribunal Electoral, medios de impugnación; participación de los partidos; y finalmente, la creación de un padrón electoral, tinta indeleble, credencialización de los ciudadanos y lista nominal.
Como consecuencia de la impugnación de 21 mil 876 casillas en las elecciones del 2006, se presentó la reforma del 2008. Al año siguiente, se pusieron a prueba las modificaciones, en donde se verificaban tiempos de promocionales, recuento de votación, entre otros.
Para este 2013, en el marco de las pasadas elecciones –siete de julio- en 14 entidades del país, al término de las votaciones, se presentaron denuncias de “viejas prácticas electorales” y supuestos robos de triunfos en las urnas y actas, además del fenómeno de “turismo electoral”; las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron el pasado 17 de julio, su propuesta de reforma político-electoral.
En el contexto del Pacto por México, el 30 de julio, sus integrantes reafirmaron su compromiso de cumplir con lo suscrito en el adéndum, y hacer cumplir lo ahí plasmado para erradicar las prácticas denunciadas.
ADÉNDUM
A letra expresa el adéndum señala en el compromiso de Respeto a la ley y limpieza electoral:
“Los firmantes exigiremos y garantizaremos, en nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad, que todos los funcionarios que hayan cometido o que el futuro cometan delitos electorales sean debidamente sancionados por las autoridades competentes. Para ello, promoveremos, en nuestros respectivos ámbitos de competencia, acciones de las autoridades de procuración de justicia y de control administrativo federales y estatales, que informarán de sus acciones en el marco de las leyes aplicables”.
Bajo este precepto, el martes pasado, la Secretaría de Gobernación, destacó el compromiso del gobierno federal para la erradicación de la impunidad y atención de las denuncias en irregularidades electorales, que son además, parte de los acuerdos logrados en las mesas de trabajo posteriores a los pasados comicios.
Señalaron, que buscarán un eventual período de sesiones extraordinarias para concretar la aprobación de una reforma política-electoral.
Gustavo Madero Muñoz, líder nacional del PAN, acotó que los integrantes del Pacto Por México buscarán el debate de una reforma electoral para el 2015 y posteriormente una reforma política que aplicaría hasta el 2018. En contraste, Miguel Barbosa Huerta, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, señala que en su bancada, buscarán que no sea una iniciativa “chiquita” que espere al 2015.
Madero Muñoz recalcó que la propuesta del PAN en materia político-electoral no es una reforma pequeña ni limitada como lo han afirmado en la bancada perredista; ésta cumple con la reglamentación de las reformas constitucionales del 2012 en candidaturas independientes, iniciativa ciudadana y consulta popular.
“Hablar de reforma política y electoral es abordar muchos temas”, sobre régimen parlamentario, gobiernos de coalición, segunda vuelta, reelección legislativa, entre otros. En este último punto, Ernesto Cordero Arroyo ha manifestado que traería beneficios como la rendición de cuentas.
“No hay mejor mecanismo de rendición de cuentas que regresar con los electores, verlos a la cara e informarles qué se hizo”, porque “en México ese ejercicio no existe”, precisó.
La reelección legislativa, estaba contemplada en la Constitución de 1917, sin embargo fue retirada; “el trabajo del Legislativo fue debilitado deliberadamente en los años 20, porque se decidió que debía haber un Presidente todopoderoso, al que no se le hiciera sombra, se eliminó la reelección de legisladores y se quitaron facultades al Congreso”, aseguró Cordero.
Asimismo acota en esta figura de reelección que los costos en aprendizaje se reducirían, y se da continuidad en el trabajo legislativo. La propuesta hecha por parte de los “calderonistas”, la contempla dentro de su agenda de iniciativa.
Mientras, legisladores afines a Madero Muñoz, han señalado que en su propuesta se desaparece la figura del IFE, así como las de instituciones electorales estatales, para pasar a crear el Instituto Nacional de Elecciones. Por su parte los “calderonistas” y “corderistas” no hacen mención del tema.
La reforma presentada por ambos grupos parlamentarios, fue apoyada por 24 senadores del PAN y 22 del PRD, quienes presentaron una agenda el día 15 de mayo, misma en la que se suscribieron, y la cuál enviaron a otras fracciones partidarias para respaldarla.
La propuesta sin embargo, no cuenta con el soporte completo de la bancada panista. El caso concreto hace referencia a Jorge Luis Preciado Rodríguez, coordinador parlamentario de dicho partido en la Cámara Alta; quién ha señalado en diversas ocasiones que él se suscribirá a la iniciativa que surja del Pacto por México.
La propuesta presentada por Ernesto Cordero, Roberto Gil del PAN, Miguel Barbosa y Manuel Camacho del PRD, el pasado 17 julio, radica en 30 puntos sobre seis ejes rectores: Reforma Constitucional; Modificaciones a Legislación Secundaria; Reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe); Ley de Participación Ciudadana; Ley de Propaganda Gubernamental y; Ley de Réplica.an mantenido al margen del sistema se entonces se persegu la democratizaiha
REFORMA CONSTITUCIONAL
En la Reforma Constitucional destaca la devolución facultativa del Consejo General en relación a la supervisión de procesos de fiscalización; nulidad de elección, pérdida de registro y sanción a rebase de topes de campaña. Acota también, la obligación de los partidos para declarar relaciones con grupos económicos por parte de sus candidatos, así como una regla de votación por mayoría absoluta con segunda votación donde participarán los punteros para los cargos de Presidente, Gobernadores y Ayuntamientos.
La aprobación del Congreso del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Seguridad además de, tratados internacionales en la misma materia; en este sentido señalaron la autonomía de la PGR y la creación de la Fiscalía General de la República y Fiscalías autónomas en los Estados y el Distrito Federal.
De igual forma, se le otorga autonomía a la FEPADE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) mediante subordinación a la Fiscalía General de la República.
Entre otros puntos señalan la autonomía del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social); la facultad del Senado para declarar la desaparición de órganos electorales locales y la eliminación del fuero para todos los funcionarios, incluyendo al Presidente de la República.
En la reforma al COFIPE se abunda en la representación indígena, candidaturas independientes con un apoyo del 0.26 por ciento del padrón electoral así como derecho a tiempos en radio y televisión. Sobre comicios se manifestó en el documento la credencialización para mexicanos fuera del territorio con la creación de un padrón específico y un mandato al IFE para que en el año 2015, un tercio de distritos electorales emitan votos por medio de una urna electrónica.
Sobre la Ley de Participación Ciudadana esta regulará iniciativas ciudadanas, consulta popular, observatorios ciudadanos y consejos consultivos.
En este punto, cabe destacar, que el pasado 30 de julio, la fracción parlamentaria del PRD, presentó su propuesta de Ley Ciudadana en el marco de una consulta popular sobre la reforma político-electoral, y la reforma energética; donde estuvieron presentes Miguel Barbosa Huerta, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo y Manuel Camacho Solís.
El siguiente punto relacionado con la Ley de Propaganda Gubernamental manifiesta topes presupuestales de comunicación social, regulación de tiempos oficiales del Estado; también debe ser informado cualquier gasto en comunicación social, distribución equitativa en todos los medios de comunicación en criterios de audiencias y penetración, y sanciones a la discriminación de medios por línea editorial.
Finalmente la Ley de Réplica establece que en todos los medios de comunicación deberán de contar con un defensor de derechos para resolver solicitudes de réplica; especificación de forma y plazos para que el medio cumpla con este derecho, así como sanciones a los medios que no cumplan en ley al respecto de este último punto establecido en la reforma.