Los maestros de las escuelas públicas del país ya no podrán faltar más a clases, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que los vigilará para que se aproveche al máximo los 200 días de clases estipulados en el Calendario Escolar presente.
Durante el nuevo ciclo escolar que iniciará el próximo lunes 19 de agosto, la dependencia federal recomendará a los docentes reducir o en su caso eliminar las formaciones de alumnos antes del ingreso a las aulas de clase, vigilando que los descansos no excedan 30 minutos.
Cabe recordar que más 227 mil escuelas en el país comenzaron esta semana con la conformación de los Consejos Escolares que tendrán la tarea de que los docentes cumplan con “la normalidad mínima” que permitirá combatir la deserción escolar.
Además, la nueva estrategia que el Gobierno Mexicano presentó durante la conformación de la Reforma Educativa pretende mejorar el aprendizaje de los alumnos con el fortalecimiento de las materias de español, matemáticas y la lectura.
Con ello la administración de cada centro escolar tiene la obligación de verificar “la entrada y salida “de los docentes, cuyos nombres tienen que ser registrados por una base de datos que calificará la asistencia de los mismos.
Lo anterior se decidió debido a la “falta de control “ que tienen la administración escolar sobre los docentes, que en mucho de los casos “faltaban días enteros a laborar”, por lo que se prevé que las sanciones sean de tipo económico.
Fuentes de la SEP también han asegurado que le pedirán a los padres de familia que lleven a sus hijos “a la escuela a tiempo”, por lo que los directivos tienen la orden de respetar durante el próximo curso las entradas y salidas de los alumnos.
Durante el próximo ciclo escolar se combatirá la deserción escolar, por lo que se incrementarán los programas de becas y la ayuda económica a niños y adolescentes que se encuentren en alguna situación de riesgo o pertenezcan a un grupo vulnerable.
Por último, se pondrán a prueba las escuelas de tiempo completo que se estrenarán en las comunidades indígenas del país, con lo cual los infantes “en situación de marginalidad” tendrán asegurada su alimentación diaria.