La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 429 votos a favor, reformar la Ley de Migración a fin de impedir que las personas que presenten adeudos a la pensión alimenticia de sus hijos no puedan salir del país hasta cubrirlos.
La minuta, de la iniciativa que presentó el 27 de marzo del 2012 la entonces diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (PAN), adiciona un artículo a la Ley de Migración y se turna al Senado de la República para su eventual ratificación.
En la sesión se explicó que alrededor de 67 por ciento de los deudores alimentarios no cumplen sus obligaciones y 67.5 de madres solteras no recibe pensión alimenticia, se indica en el documento aprobado.
Sostiene que la libertad de tránsito no es un derecho absoluto, sino que está limitado por la aplicación de un mandato judicial o aplicación de leyes en cada país.
Asimismo, el artículo 4o. constitucional establece la obligación del Estado de velar y cumplir el principio del interés superior de la niñez; el derecho de niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento y la obligación de los ascendientes, tutores y custodios de preservar estos derechos.
Con la reforma aprobada se adiciona un párrafo al artículo 48 de la Ley de Migración para impedir que salgan del país las personas que, en su carácter de deudoras alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos por un periodo mayor de sesenta días, previa solicitud de la autoridad judicial competente.
APRUEBA CAMARA RA DIPUTADOS REFORMAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA
En la sesión de este miércoles, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, reformas para que el Consejo Nacional de Seguridad Pública cuente con cinco invitados permanentes de la sociedad civil y del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La reforma al artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional, avalada con 430 votos en pro y remitida al Senado de la República, precisa que el nombramiento de los invitados de la sociedad civil se hará a propuesta de rectores de universidades y durará dos años, anualmente renovándose de manera escalonada.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, señaló que el Consejo Nacional de Seguridad Pública es el órgano encargado de establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas y continuas, tendentes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública en el país.
También, dijo, los lineamientos para la formulación de políticas generales en la materia, vigila los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal.